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De febrero de 2015 a febrero de 2016

Los Ayuntamientos empeoran su plazo medio de pago en un 32%

Según los datos del Ministerio de Hacienda, analizados por la PMcM, los municipios españoles han aumentado su plazo medio de pago a proveedores pasando de 64 a 85 días. Se agota el plazo para que éstos puedan reclamar los 3.000 millones de intereses de demora.

El incremento de la morosidad se repite en las Administraciones Públicas, de acuerdo con los datos recientemente publicados por el Ministerio de Hacienda sobre los plazos medios de pago a proveedores relativos a febrero de 2016, analizados por la Plataforma PMcM. El caso más llamativo de empeoramiento ha sido el de los Ayuntamientos, que han aumentado su plazo medio de pago a los proveedores en  un 32%, pasando de 64 a 85 días, en comparación con febrero del año pasado.

Le sigue la Administración Central, que también incrementó su plazo medio de pago (un 8%), registrando una media de 50 días frente a los 47 del mismo periodo del año anterior. Por contra, las Comunidades Autónomas mostraron un mejor comportamiento, reduciendo su plazo medio de pago de 85 días a 72 (-16%).

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, observa que “hay que reconocer el esfuerzo que a grandes rasgos ha venido realizando el sector público en los últimos tres años, en los que ha conseguido mejorar notablemente sus pagos hasta, por vez primera, convertirse en mejor pagador que el sector privado, aunque en ambos casos seguimos lejos de cumplir los plazos de pago legales”.

Aplicar la Directiva Europea, no transpuesta

La PMcM ha constatado en sus últimos informes que “siguen siendo las empresas más grandes las peores pagadoras con plazos medios de pago que pueden triplicar los máximos legales. Estas empresas imponen sus condiciones y sus proveedores no disponen de medios efectivos para denunciarlos”, denuncia Cañete.

Cobrar directamente de las Administraciones Públicas (AA.PP.) sería una solución para las empresas subcontratistas, pero para ello el Gobierno debería utilizar uno de los mecanismos que recomienda la Directiva Europea sobre contratación pública. Para Cañete, cuando el Ejecutivo transponga la normativa europea (de aplicación directa en España desde el pasado 18 de abril, por falta de transposición en plazo), “sería de agradecer que comience a utilizar uno de los mecanismos que se recomiendan en ella, el de la ‘acción directa’. Con este acto de buena fe los proveedores podrían aprovecharse de las mejores condiciones de pago que ofrecen las AA.PP. frente a algunas grandes compañías”.

La Plataforma recuerda también que finaliza el periodo para interrumpir la prescripción de los intereses de demora, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar una sentencia en breve que podría obligar a las Administraciones a liquidar a los proveedores los intereses de demora devengados (unos 3.000 millones de euros).

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