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Más de medio millón de hogares afectados por cortes de luz en 2015

En 2015 se ha producido un notable aumento de cortes de luz por impago. La OCU demanda con urgencia definir la figura del consumidor vulnerable, pendiente tras la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, y la creación de una “tarifa social” real.

Las cifras de cortes de suministro de electricidad por impago aumentaron en 2015 tras una evolución de dos años de bajadas: más de medio millón de hogares sufrieron cortes de luz, según los datos que Iberdrola y Endesa han proporcionado a la CNMC, con un ratio de incremento del 5,9% respecto a 2014.

En opinión de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), si bien los datos de Endesa indican que más de la mitad de estos cortes se restablecen en menos de 48 horas, los números son alarmantes ya que los consumidores afectados por estos cortes, además de la interrupción del servicio y sus consecuencias, también sufren en la mayoría de los casos la privación de otras necesidades básicas. A eso se une que el corte del suministro conlleva no sólo abonar las facturas pendientes sino también abonar el coste de su reactivación, algo que resulta inviable en estas situaciones de pobreza.

Por otra parte, “el inicio de los trámites de interrupción del suministro difiere mucho de unas compañías a otras en el mercado libre, por lo que esta complejidad unida al desconocimiento general de los consumidores sobre quien es su actual compañía, confirmado recientemente por la CNMC en sus encuentras, agrava aún más esta situación”, resaltan desde la organización.

OCU reclama transparencia en la información sobre los cortes de suministro, tanto de aquellos efectuados por las compañías distribuidoras –que son quienes “ejecutan” el corte– como también de las solicitudes de corte de suministro que tramitan las diferentes comercializadoras, que actúan tanto en el mercado libre como comercializando la tarifa regulada. Esta información es clave para que los consumidores puedan entender mejor el alcance de este problema social.

OCU exige medidas adicionales para luchar contra la pobreza energética. Propone definir con urgencia la figura del consumidor vulnerable, pendiente tras la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, y la creación de una “tarifa social” real que garantice la protección a aquellas personas en situaciones precarias. Para la OCU el actual “bono social” no es una auténtica tarifa social, ya que deja fuera a muchos hogares que, sin cumplir ninguno de sus requisitos, tienen serias dificultades para afrontar el pago de la factura de la luz.

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