El Tribunal de Justicia de la UE debe dictar una sentencia en breve que podría obligar a las entidades públicas españolas a liquidar esa cantidad por intereses de demora devengados. Las empresas deberán reclamar antes del próximo mayo, cuando prescribe el derecho de cobro.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) confirmó el pasado 16 de marzo en una conferencia de prensa, celebrada en Madrid, que el Tribunal de Justicia de la UE debe dictar una sentencia en breve que podría obligar a las Administraciones Públicas a devolver a los proveedores unos 3.000 millones de euros por intereses de demora devengados, cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición inevitable si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas en el plan de pago a proveedores del Gobierno.
No obstante, Antoni Cañete, presidente de la PMcM, recomienda cautela ya que, “de ser así, los afectados tendrían muy poco tiempo para reaccionar, al prescribir parte de la deuda este mayo, en concreto, para los que cobraron en la primera fase del plan de pago a proveedores”. Cañete detalla que “se podría dar la paradoja de que se tuviera derecho a los intereses de demora y al no haberlos reclamado tuvieran que dar por perdido su derecho a cobrarlos por haber prescrito. Por tanto, la única vía es reclamar dichos intereses de demora antes de mayo”.
En este sentido, la Plataforma creado un espacio en su web en el que cualquier empresa o autónomo puede descargarse gratuitamente el modelo de carta de reclamación de intereses de morosidad que le permitirá interrumpir el plazo de prescripción de la deuda por intereses. Además, la PMcM también ofrece una herramienta online gratuita para la estimación del cálculo de intereses.
Evolución de la morosidad y plazos de pago en 2015
La PMcM también presentó en este acto su “Informe sobre Morosidad 2015”, que refleja que, por segundo año consecutivo, el sector público presenta mejores prácticas frente al privado: 75 días de plazo medio de pago en las Administraciones Públicas y 85 días en el segmento privado. Este plazo medio de pago a proveedores se redujo tanto en el sector público (8,5%) como en el privado (4,5%), pasando respectivamente de 82 a 75 y de 89 a 85 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.
Además, Antoni Cañete destacó que el año pasado, entre las empresas encuestas, el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
En este sentido, “es una anomalía que España no tenga un Observatorio de la Morosidad, y que esa función sea ejercida por la Plataforma, entidad que además no cuenta con subvenciones públicas”, subraya Antoni Cañete.
Asimismo, el presidente de la PMcM resalta que “es un escándalo que existan empresas que paguen a más de 200 y 300 días y que cuenten con sellos de responsabilidad social corporativa”, con ejemplos conocidos en el IBEX 35. Tras las elecciones del 20-D, todos los grupos parlamentarios han mostrado su compromiso en el ámbito de los plazos de pago, “pero la voluntad no llega al terreno de los hechos”, matiza Cañete, como ha ocurrido en otras ocasiones.
