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II Foro Solar Español

La inseguridad jurídica, factor clave en el sector fotovoltaico español

A pesar de mostrar un escenario pleno de oportunidades, esta es una de las conclusiones principales en las que coincidieron los asistentes a la segunda edición del Foro Solar Español, organizado por UNEF los días 3 y 4 de noviembre en Madrid.

La segunda edición del Foro Solar organizado por UNEF (Unión Española Fotovoltaica), los días 3 y 4 de noviembre, reunió a 70 expertos internacionales y nacionales y congregó a unos 300 asistentes para estudiar los retos y oportunidades el sector fotovoltaico en España, que parece caminar en dirección contraria a la expansión que se vive en otros países.

El análisis de los expertos mostró un escenario lleno de oportunidades, pero falto de la seguridad jurídica necesaria para impulsar con solidez la energía fotovoltaica y el autoconsumo en España. Un foco muy importante se reflejó en la petición de una normativa de autoconsumo que realmente estimule su desarrollo y sin barreras injustificadas, como la prohibición de las instalaciones comunitarias o el llamado “impuesto al sol”, como reclamó Jorge Barredo, presidente de UNEF, quien además destacó “el posicionamiento internacional de nuestras empresas fotovoltaicas y su destacado papel como tractoras de I+D tecnológico”.

Por otro lado, en este evento se puso de manifiesto que los partidos políticos, a excepción del PP, se comprometen a eliminar el “impuesto al sol”; sus representantes coincidieron en la necesidad de recuperar la seguridad jurídica y de derogar el actual RD de autoconsumo; cabe añadir que el PP declinó la invitación a participar en el foro.

Asimismo, se resaltó las compañías eléctricas están empezando a considerar a la energía fotovoltaica como un nuevo nicho de negocio; así, tanto Iberdrola, con “Smart Solar”, como Endesa han presentado sus propuestas para el autoconsumo.

Finalmente, los ponentes y expertos jurídicos estuvieron de acuerdo en su apuesta porque los demandantes internacionales lograrán ganar los arbitrajes abiertos en los organismos reguladores contra el Estado español, como el CIADI.

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