Se trata de una bajada derivada de la revisión de los precios en concepto de pagos por capacidad, que se va a aplicar a partir del 1 de agosto y hasta diciembre de 2015. La tarifa eléctrica volverá a subir seguramente en enero de 2016.
El Consejo de Ministros
del pasado 10 de julio aprobó un Real Decreto Ley que permite disminuir los
costes de las actividades reguladas del sistema
eléctrico en torno a un 4%, “que se traduce en una disminución media de la factura que paga el consumidor, del 2,2%”, como ha afirmado el ministro José Manuel Soria. Se trata de una
bajada que se va a aplicar a partir del 1 de agosto y hasta diciembre de 2015,
y que se deriva de la revisión de los precios que soportan los consumidores en
concepto de pagos por capacidad.
Según diversos analistas y medios, esta medida despide un
tufo claramente electoralista a pocos meses de los comicios generales, ya que
la rebaja concluye en diciembre de este año y la tarifa eléctrica volverá a subir a partir del 1 de enero de 2016,
como se establece en el Real Decreto ley publicado el pasado 11 de julio en el BOE
(“esta medida se adopta sin que se altere, en ningún caso, la sostenibilidad económica
y financiera del sistema eléctrico exigida en el artículo 13 de la Ley 24/2013).
La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, expuso, en cambio, en la rueda de prensa posterior al
Consejo que esta reducción es posible gracias a que “la reforma eléctrica
ha permitido eliminar el déficit de tarifa que existía en el sistema”.
Pequeños beneficios
para el autoconsumo
Además, Industria modificará algunos aspectos en la Ley del Sector Eléctrico para
beneficiar al autoconsumidor particular,
aquel que cuenta con instalaciones de autogeneración con potencia menor a 10 kW:
podrán acometer la instalación deseada de autogeneración con menos impuestos y una
tramitación administrativa más fácil y sencilla. En concreto, la nueva
normativa exceptuará a los pequeños consumidores, aquellos que produzcan menos
de 10 kilovatios (kW), de las cargas administrativas y de gestión.
Con esta medida, incluida en el Real Decreto Ley, parece que
el Gobierno quiere también cambiar la postura de miles de pequeños inversores y
consumidores que han visto cómo las decisiones tomadas por el Ejecutivo para el
autoconsumo han acabado por hacerlo no rentable, incluso arruinando a muchos de
ellos.
