Javier García Breva, experto en políticas energéticas, junto a África Orenga, directora de IMedia Comunicación, empresa que opera la Oficina de JGB.Más de 10.000 millones de euros de los fondos europeos se podrían dedicar a la rehabilitación energética de edificios en los próximos años; así de claro se mostró el pasado 29 de enero Javier García Breva, experto en políticas energéticas, en la presentación en Madrid del Cuaderno IPM ‘Estrategias para financiar la rehabilitación de edificios’. Según García Breva, “la rehabilitación energética es una ventaja competitiva, protege a los consumidores de la volatilidad y la incertidumbre de los precios del petróleo, y, lo más importante, representa una revaloración de los edificios durante toda su vida útil, casi un 15%, como ha ocurrido en Reino Unido”.
El Acuerdo de Asociación España-UE comprende los fondos estructurales y de inversión destinados a España por 36.900 millones de euros en siete años, siendo la prioridad reducir el consumo de energía en edificios y empresas, indicó García Breva. Con esta prioridad, el 22% se dedicará a la lucha contra el cambio climático. Como consecuencia, los programas destinados a una economía baja en carbono y eficiencia de los recursos suman más de 10.400 millones de euros. Este montante no se destinará a subvenciones directas sino a la financiación de proyectos sólidos y con garantías.
La Oficina de JGB realiza en este nuevo Cuaderno IPM un diagnóstico de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de estrategias de financiación que conviertan toda la potencialidad del ahorro energético en la edificación en una realidad y en proyectos accesibles a los distintos segmentos de consumidores, donde es esencial cuantificar los beneficios de la rehabilitación como prioridad de la Administración.
Así, señaló García Breva, la Comisión Europea ha recomendado una tasa de rehabilitación mínima del 2% anual de todo el parque, mientras que la Directiva de eficiencia energética obliga a rehabilitar el 3% de los edificios públicos, duplicándose la inversión en eficiencia energética hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 2023. Los escenarios más prudentes plantean objetivos anuales entre 300.000 y 500.000 viviendas rehabilitadas.
Un sistema de obligaciones a través del ahorro del 1,5% de las ventas anuales de energía, medidas alternativas (impuestos al CO2, incentivos fiscales, estándares de eficiencia e instrumentos financieros), la colaboración público-privada con las entidades financieras y la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética son los mecanismos de financiación previstos en la Directiva que deben implantarse en cumplimiento de las normas europeas, sin que impliquen costes a los consumidores.
