Hablamos con Patricia Herrero, directora Técnica y de Operaciones de la Fundación Ecolum, sobre las nuevas obligaciones de esta normativa, así como de su propósito y plazos de adaptación.
El nuevo Reglamento europeo sobre diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR) introducirá nuevas obligaciones para todas las empresas fabricantes. Con el fin de conocer cómo influye esta normativa a las compañías de la industria eléctrica, hablamos con Patricia Herrero, directora Técnica y de Operaciones de la Fundación Ecolum.
En primer lugar, la experta explica que el nuevo Reglamento ha sido promovido por la Comisión Europea como parte de sus esfuerzos para abordar los desafíos ambientales y fomentar la transición hacia una economía más circular y sostenible, siempre en el marco del Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Economía Circular.
“La norma menciona expresamente la prohibición de destruir productos no vendidos en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), por lo que afectará a las empresas productoras de este tipo de dispositivos, incluidos los fabricantes de material eléctrico e iluminación”, aclara, y continúa: “Todo ello en base a las nuevas obligaciones que comprenden, por ejemplo, requisitos relacionados con la eficiencia energética, la durabilidad, la reparabilidad y la reciclabilidad de los productos que se introducen en el mercado”.
De igual modo, el Reglamento incorpora el desarrollo de un pasaporte digital de producto cuyo propósito es proporcionar información al consumidor para ayudarle a tomar decisiones de manera informada.
Nuevas obligaciones del Reglamento sobre diseño ecológico
En general, las compañías tienen un intenso trabajo por delante, ya que las nuevas obligaciones del Reglamento de ecodiseño abarcan múltiples ámbitos. Algunas están vinculadas directamente al propio producto y otras asociadas a la huella ambiental, la huella de carbono y el análisis del ciclo de vida.
“Estos aspectos preocupan a las empresas y somos conscientes de que muchas de ellas ya se han puesto manos a la obra con los análisis de ciclo de vida, el cálculo de la huella de carbono o la introducción de medidas asociadas al ecodiseño”, argumenta Patricia. Además, si se incumple la normativa, las compañías podrían enfrentarse a sanciones que variarán en función de la gravedad, siendo los estados miembros quienes determinen dichas penalizaciones.
Respecto a los plazos de adaptación, está previsto que se desarrollen actos delegados y, tras su aprobación, la industria y las propias administraciones contarán, en general, con 18 meses para adaptarse a los requisitos de diseño ecológico. En casos justificados, se podrían fijar fechas específicas para la aplicación de aspectos concretos.
“Aunque se hayan establecido una serie de prioridades en cuanto a los sectores afectados, esta normativa acabará llegando a todos los ámbitos. Por este motivo, es bueno que las empresas se vayan preparando y dediquen parte de su tiempo a entender las nuevas obligaciones”, concluye la directora Técnica y de Operaciones de Ecolum.
