“Este cargador rápido de vehículo eléctrico, ubicado en Barcelona, ha quedado fuera de servicio por un acto de vandalismo: corte de manguera, inutilización total del punto y horas perdidas para el usuario”, comparte Pedro García Gómez, director de la división de Energía y Renovables de Salvador Escoda. Un destrozo que recupera nuestra sección de 'Fotoimpacto'.
Barcelona ha sido el escenario de un nuevo acto vandálico con la movilidad eléctrica como protagonista. Concretamente, un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos ha quedado completamente inutilizado después de que hayan cortado su manguera. Este hecho, que no es aislado, además de implicar un coste económico considerable, también es el reflejo de un problema social de fondo.
Así lo explica Pedro García Gómez, director de la división de Energía y Renovables de Salvador Escoda, quien comparte en LinkedIn el destrozo. Unas imágenes con las que recuperamos la sección de Fotoimpacto. “Tecnología punta, sociedad de segunda…”, reflexiona.
“¿De qué sirve impulsar tecnología puntera si no hay un compromiso real como sociedad para protegerla?”, se pregunta Pedro, quien comparte también sus imágenes y reflexiones con el Área de Material Eléctrico de C de Comunicación.
Su impacto en la percepción sobre la movilidad eléctrica
“Este cargador rápido de vehículo eléctrico, ubicado en Barcelona, ha quedado fuera de servicio por un acto de vandalismo: corte de manguera, inutilización total del punto y horas perdidas para el usuario”, relata Pedro.
Este tipo de delincuencia tiene, a su vez, un perjuicio directo para los usuarios, que ven frustrados sus desplazamientos. Sin embargo, más allá de eso, también tiene un impacto importante en la percepción social de la movilidad eléctrica, cuya imagen se ve dañada.
“Si no cuidamos las infraestructuras clave para la descarbonización, será difícil avanzar hacia una movilidad sostenible real”, se lamenta Pedro, quien asegura que no es un caso aislado. “Hay varios puntos en la misma situación”, subraya.
Contemplando el coste económico que implica este tipo de destrozos, se puede comprender mejor su alcance: para reparar cada unidad se requieren entre 800 y 1.200 euros. Esto se suma al tiempo de inactividad de los puntos de recarga, generando un obstáculo adicional para quienes han apostado por este tipo de transporte.
Un problema que se repite
No es la primera vez que el vandalismo golpea la infraestructura de recarga en España. Hace unos meses David Barrera, CEO de Grupo Unase, compartía con este medio la destrucción de uno de estos puntos antes incluso de su puesta en marcha, en Sevilla.
La expansión de la electromovilidad está acompañada de desafíos como la falta de concienciación ciudadana o la ausencia de medidas de protección adecuadas. Se reabre el debate sobre la seguridad y protección de las infraestructuras clave en el camino hacia la transición energética.
¿Cómo se puede garantizar que estos puntos de recarga sigan operativos? ¿Qué medidas deben tomarse para evitar que la falta de civismo frene el progreso tecnológico y ambiental? Asociaciones como GANVAM o AEDIVE ya sugirieron a este medio medidas clave, como la colaboración de las administraciones públicas, la vigilancia y el mantenimientos de estas infraestructuras o un mayor control sobre la trazabilidad del cobre.
