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FENIE: “La Ley Crea y Crece supone un avance significativo en materia de morosidad”

Por Pablo García
La normativa incorpora un procedimiento para asegurar que los contratistas paguen en plazo a las subcontratas y proveedores en los contratos públicos con importes superiores a los cinco millones de euros. La federación se ha mostrado “muy satisfecha” por este paso adelante y anuncia que seguirá trabajando para desarrollar reglamentos sancionadores sectoriales.

FENIE se ha mostrado “muy satisfecha” tras la publicación, el pasado jueves, de la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, más conocida como ‘Ley Crea y Crece‘, que recoge algunas de las propuestas en las que ha trabajado activamente la organización en los últimos meses.

Entre ellas, la nueva normativa recoge un procedimiento para obligar a los contratistas a pagar en plazo a las subcontratas y proveedores en contratos del sector público con importes superiores a los cinco millones de euros.

FENIE considera que, a través de este procedimiento se ha alcanzado “un hito muy importante, ya que se asegura que subcontratistas y suministradores cobren por los trabajos realizados según los plazos establecidos por la ley”, explican desde la federación.

“De hecho -aclaran- en caso de que el contratista no cumpla con sus obligaciones, la administración no podrá abonarle las certificaciones de obra posteriores”, añaden desde FENIE.

“La eventual aplicación de este procedimiento en los contratos del sector público -que entrará en vigor desde el próximo 19 de octubre-, deberá ser un precedente de referencia a extender en todos los contratos del sector público y privado para que, de una vez por todas, las pymes dejen de financiar a las grandes empresas”, afirman desde la federación.

En este sentido, la organización señala que la Ley Crea y Crece supone “un avance significativo en materia de morosidad”. Al mismo tiempo, recalca que seguirá trabajando en el desarrollo de reglamentos sancionadores vinculados a los sectores de la construcción para que grandes empresas y operadores, que son los que registran los peores comportamientos de pago, paguen sus facturas en los plazos legalmente establecidos.

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