Más de 330 funcionarios de la Agencia realizan personaciones en 75 locales tras descubrir la utilización de programas informáticos para la ocultación de ventas en sociedades del sector de las instalaciones eléctricas.
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha recientemente una operación coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal de empresas del sector de las instalaciones y montajes, principalmente eléctricas, susceptibles de utilizar software de doble uso.
La operación, denominada ‘Amperio’, conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 67 sociedades y 14 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar) a través de la personación de más de 330 funcionarios de la Agencia Tributaria en 75 locales.
El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (10), Aragón (2), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (2), Cataluña (17), Extremadura (4), Galicia (12), Madrid (5), Murcia (2), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (9).
Software de doble uso en instalaciones eléctricas
Tal y como exponen desde el Ministerio de Hacienda, la intervención ‘Amperio’ está coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 300 funcionarios del Área de Inspección y la incorporación de personal de las Unidades de Auditoría Informática y 30 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
“El volumen de negocio total de las compañías del sector de las instalaciones y montajes mantuvo en 2024 la tendencia al alza que viene registrándose desde 2022. En la estructura empresarial de la industria, destaca la presencia mayoritaria de empresas especializadas en un tipo de instalación y con un ámbito geográfico de actuación reducido”, argumentan.
Gracias a las denuncias tributarias, se ha detectado la posible utilización de software de doble uso para eludir la tributación de ingresos en diversas sociedades del sector, principalmente en empresas dedicadas a las instalaciones eléctricas.
De igual modo, se ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas. “Esto podría deberse a un afloramiento de ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales en los socios”, sostienen.
‘Operación Amperio’: utilización de programas de ocultación de ventas
Tras analizar la información recibida, la Agencia Tributaria detectó que determinados contribuyentes del sector de las instalaciones y montajes eléctricos podían estar utilizando este software con el objetivo de ocultar compraventas.
Mediante las acciones desarrolladas en los locales seleccionados, la Agencia ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora, como documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel o incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.
“Las inspecciones, que se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de la obtención de pruebas inicial, permitirán analizar la documentación obtenida con la finalidad de regularizar todos los incumplimientos detectados”, señalan.
Normativa contra el fraude fiscal
Desde la publicación de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria fija como objetivo la lucha contra los programas de contabilidad de doble uso que permitan el fraude en la contabilidad de una empresa.
Por otro lado, las Directrices del Plan de Control de la AEAT para 2025 hacen hincapié en la necesidad de mantener la presencia inspectora en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida, con especial atención a la posible utilización de herramientas informáticas (software de doble uso) susceptibles de ser utilizadas para ocultar ventas.
A lo anterior se suma la entrada en vigor del Real Decreto 1007/2023, conocido como Reglamento Verifactu, que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
