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Las empresas instaladoras revelan un aumento del plazo de pago en las Administraciones locales
El confirming continúa como medio de pago habitual dentro del sector.

Las empresas instaladoras revelan un aumento del plazo de pago en las Administraciones locales

Por Lola SánchezResponsable de Contenidos del Área de Material Eléctrico
Así se desprende de la encuesta anual elaborada por FENIE sobre la morosidad del sector de las empresas instaladoras. Como principales preocupaciones, los profesionales señalan el mantenimiento de la plantilla y las complicaciones burocráticas.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (FENIE) ha realizado un año más su encuesta anual sobre morosidad y los comportamientos de pago en el colectivo.

Los datos revelan que el sector continúa incrementando los valores de facturación en relación con el ejercicio anterior. No obstante, mientras que el aumento del 2022 al 2023 fue del 6,46 %, la cifra se ha reducido al 5,86 % del 2023 al 2024.

Respecto a los comportamientos de pago, las micropymes y pymes, en líneas generales, cumplen los plazos de pago legalmente establecidos. En el caso de constructoras y grandes empresas, los plazos de pago se sitúan muy por encima de los plazos legales.

De igual modo, el confirming continúa como medio de pago habitual dentro del sector. Para los segmentos de clientes de constructoras, las empresas instaladoras han indicado que las condiciones de los confirming, como el plazo de vencimiento, son más desfavorables que el ejercicio 2023.

¿Cuál es el plazo de pago de las Administraciones públicas y locales?

Por otro lado, los resultados ponen de manifiesto un aumento del plazo de pago de las Administraciones públicas, principalmente en Administraciones locales, llegando de media a los 65 días. “Dicho plazo se agrava cuando la empresa instaladora actúa como subcontratista en proyectos para la Administración local. En estos casos, la media se dispara a 88 días”, indican desde FENIE.

En última instancia, el mantenimiento de la plantilla y las complicaciones burocráticas destacan como principales preocupaciones del sector. A su vez, se reclama un reglamento sancionador para mejorar los comportamientos de pago de los sectores, “con unas condiciones de pago muy desviadas respecto de los plazos reglamentarios”.

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