Según datos del Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, solo el 14 % de las grandes empresas abona sus facturas en plazo, frente al 51 % de las microempresas.
La brecha en los hábitos de pago entre grandes compañías y microempresas sigue ampliándose en España. Según datos del Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, solo el 14 % de las grandes empresas abona sus facturas en plazo, frente al 51 % de las microempresas, lo que evidencia un fuerte desequilibrio en la cadena de pagos. El documento, además, sitúa a España entre los países con mayores diferencias en los comportamientos de pago en función del tamaño empresarial.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) advierte de que esta diferencia convierte a las grandes compañía en “tres veces peores pagadoras”, en un contexto donde las pymes representan un 99,8 % del tejido empresarial en España.
El impacto de estos retrasos va más allá de la relación bilateral entre cliente y proveedor. La morosidad genera un efecto arrastre: el 31 % de las empresas europeas reconoce que también retrasa sus propios pagos debido a cobros tardíos, lo que alimenta una cadena de tensiones de liquidez en el conjunto de la economía.
Antoni Cañete, presidente de la PMcM, alerta de que “pagar tarde se ha institucionalizado; para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”, en línea con las declaraciones realizadas por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Asimismo, subraya que, en un entorno dominado por pymes, esta práctica supone una amenaza directa para su viabilidad y capacidad de inversión.
Un marco europeo en revisión
Desde la plataforma consideran que la normativa actual (Directiva 2011/7/UE) no ha logrado frenar la morosidad. Concretamente, advierten de que no ha sido eficaz por la ausencia de mecanismos de supervisión y sanción principalmente, lo que ha limitado su impacto real.
Según explican, la atención está centrada actualmente en la propuesta Reglamento COM(2023) 533, que sustituiría a la actual directiva y que busca armonizar los plazos de pago en todos los Estados miembros. Entre las medidas planteadas figuran la fijación de un plazo estándar de 30 días, la creación de autoridades supervisoras y la introducción de sanciones automáticas por incumplimiento.
Sin embargo, el texto sigue en una fase de negociación y ha incorporado excepciones sectoriales que podrían flexibilizar su aplicación. Las diferencias entre países (con ejemplos como Dinamarca o Países Bajos, con altos niveles de puntualidad frente a otros con mayores niveles de morosidad) están dificultando el consenso en el seno del Consejo Europeo. “La pregunta es si Europa protegerá realmente a las pequeñas empresas o si volverán a imponerse los intereses particulares”, subraya Cañete.
Plazos reales por encima de la norma
Se recupera este debate regulatorio en un contexto en el que los plazos efectivos de pago superan los límites legales. En la actualidad, la normativa comunitaria fija un máximo de 60 días en operaciones entre empresas y 30 días para el sector público. No obstante, los datos del Observatorio Europeo sitúan los plazos medios en 60,3 días entre compañías y en 69,8 días en el caso de las Administraciones Públicas.
La PMcM también señala que el respaldo empresarial a una mayor regulación es importante. El 63 % de las empresas europeas se muestra favorable a establecer límites a los plazos de pago, ya sea de forma estricta o con ciertas flexibilidades sectoriales.
Con este telón de fondo, la plataforma confía en que el futuro reglamento europeo contribuya a corregir un problema estructural, reforzar la liquidez empresarial (especialmente en pymes y microempresas) y favorecer un entorno económico más equilibrado. Asimismo, la organización recuerda que la lucha contra la morosidad se mantiene como una prioridad en la agenda de la Comisión Europea para 2026, lo que refuerza la presión para avanzar hacia un marco normativo más efectivo.
