El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de reforma y se convierte en el primer país de la UE en enviársela a Bruselas. Esta propuesta incluye tres grandes cambios: la introducción de los contratos a plazo por diferencias, precio regulado para nuclear e hidroeléctrica y compensaciones por disponibilidad.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica para reformar el mercado eléctrico europeo. El texto, que ya ha sido remitido a la Comisión Europea, pretende rebajar los precios de la energía, reducir la volatilidad, asegurar el suministro y repartir los costes “de un modo más justo” entre productores y consumidores.
Esta “profunda reforma” del mercado eléctrico comunitario pretende acabar con algunos de los problemas históricos del modelo marginalista, “pensado para la realidad de hace casi 30 años”, aseguró Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. Entre ellos, la propuesta busca combatir el escaso peso de los mercados a plazo y que la última tecnología que entra en el mix –la más cara– fije el precio de toda la electricidad que se genera.
Para lograr estos objetivos, el borrador del Gobierno español incluye tres grandes cambios: el fomento de los mercados y contrataciones a medio y largo plazo, el establecimiento de un precio regulado para tecnologías no contestables (nuclear e hidroeléctrica, por ejemplo) y el desarrollo de mercados de capacidad para retribuir a instalaciones de generación y almacenamiento por su disponibilidad.
Fomento de los mercados a plazo
El mercado a plazo aporta estabilidad. A partir de esta premisa, el Ejecutivo apuesta por subastas y contratos por diferencias (CfD, por sus siglas en inglés). En este último caso, los productores renovables percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones; como consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de la instalación, garantizando su rentabilidad y trasladando esa rebaja a los consumidores.
Es decir, con este sistema, un productor renovable pacta el precio para varios años con el regulador. Si al término de ese periodo la electricidad en el mercado es más cara, el generador recibe una compensación por la diferencia, pero, si es más barata, la diferencia se reembolsa al sistema. En este sentido, el pool actual servirá simplemente como indicador para fijar esta diferencia.
Precio regulado para tecnologías no contestables
Otro de los cambios es que las tecnologías no contestables, es decir, aquellas en las que apenas hay competencia, ya sea por escasez de recurso o por falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado.
“Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores sin que estos obtengan beneficios extraordinarios”, explican desde el Ministerio de Transición Ecológica.
Mercados de capacidad
Finalmente, los contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación, almacenamiento y de gestión de la demanda por estar disponibles y garantizar el suministro. La Unión Europea ya prevé estos mercados, pero solo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso.
Esta medida, pensada especialmente para las centrales de ciclo combinado (gas), las de carbón y las de baterías, plantea, en definitiva, una compensación a cargo del sistema por estar disponibles cuando el mercado eléctrico las necesite.
En resumen, el Gobierno español propone mantener el mercado a corto plazo actual (diarios, intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, pero los ingresos de los productores se regirán por contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.
Sin embargo, para llevar a cabo esta reforma es necesario modificar la normativa europea. Mientras se materializan estos cambios, España y Portugal van a proponer a la Comisión Europea prorrogar la ‘excepción ibérica’, que ha conseguido rebajar la factura eléctrica en la Península en comparación con otros países europeos.
