Desde el 16 de enero de 2025, las estaciones de carga de vehículos eléctricos en España están sujetas al control metrológico del Estado, según la Orden ITU/1475/2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma modifica la anterior Orden ICT/155/2020, adaptando los requisitos técnicos y de medición de las necesidades actuales del sector. Atendiendo a este contexto, ORBIS detalla qué implica esta normativa para operadores y usuarios:
Regulación metrológica en estaciones de carga de vehículos eléctricos
ORBIS explica que la medida busca garantizar la precisión en la facturación y reforzar la transparencia para el usuario final, ofreciendo seguridad jurídica a los operadores y confianza a los consumidores. La compañía destaca los siguientes puntos de la Orden ITU/1475/2024:
- Evaluación de conformidad antes de la puesta en servicio de cada estación.
- Cumplimiento de requisitos técnicos y metrológicos, asegurando que la energía suministrada se mide con precisión.
- Verificación periódica obligatoria cada 8 años, que garantiza que los equipos siguen midiendo correctamente.
- Adaptación progresiva para estaciones ya instaladas, con un régimen transitorio que facilita la transición.
- Aplicación también a sistemas bidireccionales, donde los vehículos pueden devolver energía a la red y la transacción se registra de manera medible.
Otras actualizaciones
Según queda recogido en el BOE, la Orden ITU/1475/2024 también actualiza otras áreas del control metrológico del Estado, incluyendo sistemas de medición en camiones cisterna para líquidos criogénicos, dióxido de carbono licuado y gas natural licuado (GNL), así como instrumentos que miden partículas emitidas por vehículos diésel.
La normativa completa se puede consultar en el BOE: Orden ITU/1475/2024. La versión consolidada de la Orden ICT/155/2020, ya adaptada a estos cambios, está disponible en:Legislación consolidada.
Implicaciones para conductores y operadores
Para los conductores, la importancia principal está en que la energía que cargan sus vehículos se medirá de forma precisa, y que cualquier discrepancia en la facturación puede respaldarse legalmente. Para los operadores, el cumplimiento de la normativa asegura que sus estaciones sean fiables y auditables, evitando sanciones y garantizando un servicio transparente.
