La Comisión Europea plantea flexibilizar el veto total a los motores térmicos, una decisión tras la que AORU se ha pronunciado para reclamar señales claras que garanticen la competitividad del sector y el despliegue de la electromovilidad.
La Comisión Europea ha presentado su propuesta para la revisión de los límites de emisiones de CO₂ en turismos y furgonetas más allá de 2035, introduciendo una flexibilización clave en la normativa aprobada en 2023. Según adelanta la agencia de noticias Europa Press, el Ejecutivo comunitario plantea permitir una producción limitada de vehículos con motor de combustión, hasta alcanzar un 10 % de las emisiones de CO₂ permitidas en 2021, siempre que estos vehículos utilicen exclusivamente combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados.
La propuesta, que llega tras semanas de debate y presión de algunos Estados miembro, desoye la llamada de España y Francia a mantener los objetivos pactados en pro de la petición de parte de la industria y Alemania de relajación de las normas. Sobre los riesgos que puede generar señales regulatorias contradictorias en plena transición hacia la electromovilidad ya hablaron a C de Comunicación la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Española de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), aunque desde Bruselas explican que buscan conciliar los objetivos climáticos con la realidad industrial y tecnológica de la automoción europea.
En este sentido, el gobierno comunitario subraya que el margen del 10 % deberá ser compensado por los propios fabricantes mediante créditos obtenidos por el uso de “acero verde” producido en la UE o biocombustibles, y que la medida no cuestiona el objetivo de reducir un 90 % las emisiones de los coches de combustión para 2035.
“Es la decisión incorrecta”
Tras conocerse la noticia, AORU ha emitido este martes 16 de diciembre una carta abierta en la que vuelve a advertir sobre los riesgos de introducir flexibilidades que puedan debilitar la claridad y la previsibilidad del marco regulatorio. En su comunicado, la asociación insiste en que la electrificación del transporte europeo es irreversible y que la prioridad ahora debe situarse en el despliegue efectivo de la infraestructura de recarga y en el fortalecimiento de la cadena de valor industrial.
“Elegir rebajar las señales políticas dirigidas a la industria y a los inversores es la decisión incorrecta en un momento en el que la transición ya está en marcha y el ecosistema industrial europeo ha interiorizado plenamente el horizonte de 2035”, puede leerse en la nota. Asimismo, la asociación recuerda que la aceptación de los vehículos eléctricos es mayoritaria, las ventas siguen creciendo y los costes de baterías e infraestructura de recarga han caído de forma sostenida en la última década.
El objetivo sigue siendo la neutralidad climática en 2050
La asociación hace un llamamiento al Parlamento Europeo y a los Estados miembro en el Consejo para reforzar la coherencia y la ambición del marco regulatorio, preservando los objetivos de 2030 y 2035. Del mismo modo, asegura que el sector seguirá invirtiendo miles de millones de euros en infraestructuras modernas e interoperables en España y en Europa.
Por otro lado, la Comisión Europea ha precisado que esta flexibilización es un primer paso en un proceso que aún debe negociarse con el Parlamento y el Consejo y que el objetivo final sigue siendo la neutralidad climática en 2050, garantizando que los fabricantes cumplan con los objetivos intermedios de reducción de emisiones.
