Inma Cima, presidenta de AORU, analiza en esta entrevista con C de Comunicación los principales obstáculos del sector, entre otras cuestiones.
La movilidad eléctrica sigue en plena expansión, pero su desarrollo en España enfrenta diferentes retos en aspectos fundamentales como la infraestructura de recarga ultrarrápida. En este contexto, el Área de Material Eléctrico de C de Comunicación entrevista a Inma Cima, recientemente nombrada presidenta de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y Country Manager de Fastned, quien analiza los principales obstáculos del sector.
Es el caso, por ejemplo de la conexión a la red eléctrica, por su lentitud, atendiendo a que “los plazos de tramitación pueden ser hasta cuatro veces más largos que en otros países europeos”, explica Cima. Asimismo, hace énfasis en la necesidad de armonizar procedimientos administrativos y mejorar la seguridad jurídica para atraer inversión.
La asociación trabaja para agilizar el despliegue de la red de recarga y fomentar un marco regulatorio estable. En este contexto, la presidenta hace referencia a modelos de éxito en Europa a la vez que propone soluciones concretas para convertir a España en un referente en electromovilidad. “El despliegue de una infraestructura de recarga ultrarrápida eficiente es fundamental para que el país pueda cumplir sus objetivos de descarbonización y movilidad sostenible”, subraya.
Pregunta. AORU nace con la misión de representar a la industria de la recarga ultrarrápida en España. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta este sector y cómo puede la asociación contribuir a superarlos?
Respuesta. La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) representa a los operadores de infraestructura de recarga ultrarrápida en España. Actualmente, cuenta con seis miembros fundadores—Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder—que gestionan el 70 % de los puntos de carga ultrarrápida instalados. La asociación sigue en proceso de expansión, incorporando nuevos operadores que comparten su misión.
El sector enfrenta barreras significativas, siendo la conexión a la red eléctrica uno de los principales problemas. Los plazos de tramitación pueden ser hasta cuatro veces más largos que en otros países europeos, y la falta de transparencia sobre la potencia disponible y los tiempos de respuesta de las distribuidoras dificulta la planificación de inversiones. También es necesario mejorar la tramitación de licencias, ya que los procedimientos varían entre comunidades autónomas y ayuntamientos, generando incertidumbre.
Para ello, AORU defiende el reconocimiento de la actividad de recarga dentro de un marco específico (CNAE) que permita desarrollar procesos más ágiles. Además, las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga no están funcionando eficazmente debido a la burocracia y la complejidad administrativa. Se necesitan incentivos más simples y directos tanto para usuarios como para operadores, reduciendo la carga administrativa para comunidades autónomas y empresas.
AORU trabaja activamente para superar estos obstáculos mediante la armonización de procedimientos administrativos, la mejora del marco regulatorio y la colaboración con administraciones y entidades del sector para agilizar la expansión de la red de recarga ultrarrápida en España.
P. La presidencia de AORU es rotatoria cada seis meses. ¿Cómo afecta esta estructura a la continuidad de los proyectos y estrategias de la asociación? ¿Cree que en el futuro podría cambiar este modelo para dar más estabilidad al liderazgo?
R. Este modelo de presidencia rotatoria permite que todas las empresas fundadoras tengan un papel activo en la toma de decisiones y contribuyan con su experiencia y visión al desarrollo de la asociación durante los tres primeros años. Un enfoque que fomenta una representación equitativa y evita que la estrategia de AORU se centre en los intereses de una sola empresa.
Este sistema también presenta desafíos en términos de continuidad y estabilidad, ya que los plazos de seis meses pueden ser relativamente cortos para desarrollar ciertas iniciativas estratégicas. A pesar de ello, la asociación funciona como una entidad con objetivos claros y un plan de trabajo bien definido, lo que garantiza que los proyectos en marcha sigan adelante independientemente de quién ocupe la presidencia.
Después de estos tres primeros años, tanto la junta directiva como la presidencia de la asociación se renovará cada dos años.
“AORU defiende una mejora en la gestión de los fondos del Plan MOVES, asegurando que los procedimientos sean homogéneos en todas las regiones y que los plazos de entrega de las ayudas sean más directos a través de incentivos fiscales, por ejemplo”
P. Ha mencionado que una de las prioridades de AORU es trabajar con las administraciones públicas. ¿Qué medidas concretas consideran necesarias para acelerar el despliegue de la infraestructura de recarga en España?
R. Para acelerar este despliegue, AORU considera esencial disminuir los plazos para ejecutar estos proyectos. Estos plazos se pueden agilizar incidiendo en varias fases de la ejecución de los mismos, como por ejemplo, reduciendo los plazos de conexión a la red eléctrica mediante una mayor transparencia en la planificación de la infraestructura eléctrica, la estandarización de los procedimientos de conexión entre operadores de red, disponiendo de un contacto directo y la definición de plazos en las distribuidoras.
En referencia a la tramitación de permisos, se podrían disminuir los plazos promoviendo el uso de declaraciones responsables en lugar de licencias adicionales que retrasan la puesta en marcha de los puntos de recarga y la armonización del tipo de suelo compatible con nuestra actividad. Asimismo, abogamos por usar más declaraciones responsables y silencios administrativos positivos para tener una mejor visión de los plazos totales para el despliegue de infraestructura de recarga ultrarrápida.
Además, AORU defiende una mejora en la gestión de los fondos del Plan MOVES, asegurando que los procedimientos sean homogéneos en todas las regiones y que los plazos de entrega de las ayudas sean más directos a través de incentivos fiscales, por ejemplo. De todos estos puntos y otros más, disponemos de propuestas concretas tomando como ejemplo buenas prácticas que se llevan a cabo tanto en España como en Europa.
P. Uno de los problemas más señalados por los operadores de recarga es la lentitud en la conexión a la red eléctrica. ¿Qué cambios legislativos o regulatorios serían clave para reducir estos plazos?
R. Uno de los cambios más urgentes es la creación de un mapa unificado de la red de potencia de media y alta tensión, que permita a los operadores planificar sus proyectos con mayor certeza y reducir la incertidumbre en la viabilidad de las instalaciones. También es fundamental establecer plazos máximos de respuesta para cada etapa del proceso de conexión y garantizar su cumplimiento por parte de los operadores de red.
Otra medida clave es la estandarización de los procedimientos entre los distintos operadores de distribución, de modo que todos sigan un formato común que simplifique la tramitación. Además, se debe exigir que las denegaciones de solicitudes de conexión incluyan explicaciones detalladas y propuestas alternativas viables, evitando respuestas arbitrarias que retrasan innecesariamente los proyectos. Tener una persona de contacto de perfil técnico en las distribuidoras nos permitiría encontrar una solución rápida para los proyectos que estamos ejecutando ya que en la actualidad sólo podemos interaccionar con una plataforma.
Por último, necesitamos que las distribuidoras empiecen a acometer sus trabajos de conexión a la vez que nosotros empezamos con nuestra parte del proyecto, y no después de que ya tengamos las estaciones de recarga construidas de forma que cuando terminemos la construcción ya podamos disponer del punto de conexión.
P. España tiene un objetivo ambicioso en cuanto a movilidad eléctrica. ¿Cómo valora el ritmo actual de despliegue de infraestructura en comparación con otros países europeos? ¿Qué podemos aprender de otros modelos, como el de Países Bajos?
R. El despliegue de infraestructura en España ha avanzado en los últimos años, pero sigue por detrás de otros países europeos como los Países Bajos, Alemania o Francia. Uno de los principales problemas en España son los trámites administrativos asociados a la instalación y conexión de infraestructura de recarga, lo que retrasa su puesta en marcha.
El modelo neerlandés destaca por su eficiencia gracias a un marco regulatorio claro, procesos de autorización simplificados y una estrecha colaboración entre el sector público y privado. Además, en Países Bajos se han implementado incentivos bien estructurados para fomentar la inversión en infraestructura de recarga, lo que ha permitido que la red crezca rápidamente y ofrezca una cobertura extensa y fiable para los conductores de vehículos eléctricos.
España podría beneficiarse de adoptar políticas similares, como plazos administrativos más cortos, una planificación más estratégica de la red eléctrica y un enfoque más ambicioso en la promoción de la interoperabilidad y la calidad del servicio.
*Esta entrevista cuenta con una segunda parte, que será publicada en el boletín de mañana, 04 de abril de 2025.
