David Barrera, CEO de Grupo Unase, comparte imágenes de un punto de recarga de vehículos eléctricos en Sevilla al que le han cortado los cables de alta potencia 100 y 50 kW, “cuando ni siquiera se han llegado a poner en marcha”, se lamenta.
Con la expansión de la movilidad eléctrica en España, el despliegue de puntos de recarga ha ido en aumento. Sin embargo, este avance también ha dado lugar a un incremento del vandalismo en estos, convirtiéndolos en un objetivo recurrente para aquellos que buscan dañar estas infraestructuras clave para el desarrollo de los vehículos eléctricos.
Un ejemplo de esto lo traslada a este medio David Barrera, CEO de Grupo Unase, quien comparte imágenes de un punto de recarga de vehículos eléctricos que ha sido víctima del vandalismo. Tal y como se observa en la imagen, a esta infraestructura ubicada en Sevilla le han cortado los cables de alta potencia 100 y 50 kW, “cuando ni siquiera se han llegado a poner en marcha”, expresa.
En la capital andaluza comenzaron a construir diversos cargadores en la vía pública en primavera. Estos, según detalla Barrera, eran en su mayoría de 100, 50 y 22 kW, algo que “supone un impulso significativo a la venta del vehículo eléctrico” en la ciudad.
Barrera explica que llevaba siguiendo la construcción de este cargador desde su inicio y que, al comprobar que habían finalizado las obras, decidió acercarse. Fue entonces cuando se percató de que habían cortado los cables. “Una pena, por el destrozo causado y el valor económico del mismo”, destaca.
También reflexiona sobre la importancia de “transformar” la conciencia de la sociedad, “elevando la excelencia moral de nuestros ciudadanos”. Si no, “de poco o nada servirán todas las medidas para ‘salvar el planeta’, como la de la prohibición de los vehículos de combustión interna para 2035”.
Un freno para la movilidad eléctrica
Ya hace un par de años, con el crecimiento de la electromovilidad, estos actos asolaron estaciones de diferentes lugares del planeta. Uno de ellos lo compartió Motor El País: el caso de la electrolinera de supercargadores que Tesla había construido en Oakhurst, en el estado de California.
Para combatir estos actos vandálicos, asociaciones como GANVAM o AEDIVE apuntaron a este medio medidas clave como la colaboración de las administraciones públicas, la vigilancia y el mantenimiento de estas infraestructuras o un mayor control sobre la trazabilidad del cobre.
Esto contribuye a retrasar el desarrollo de un sector que ya enfrenta numerosos desafíos (resentimiento de las ventas, cambios de estrategia en la decisiones de los fabricantes, aranceles impuestos a los vehículos eléctricos fabricados en China) y sobre el que orbitan metas de gran ambición.
La situación avanza, pero no a los pasos agigantados a los que obligan objetivos como el marcado por el PNIEC: que para 2030 circulen en el país cinco millones y medio de vehículos eléctricos.
De momento, la cifra es de 540.000. Y, sin duda, los actos vandálicos solo sirven para torpedear más una situación que genera incertidumbre y cierta frustración, como nos traslada David Barrera.
