Enrique Alía, CEO y fundador de Cargatucoche, startup española especializada en la instalación de puntos de recarga, describe los defectos de este programa de incentivos para la movilidad eléctrica que lastran su eficacia y generan descontento entre usuarios y empresas.
El Gobierno aprobó en noviembre del pasado año un Real Decreto que prorroga hasta el 31 de julio de 2024 el programa de incentivos para la movilidad eléctrica (MOVES III). Este programa permite a personas físicas o jurídicas recibir un porcentaje de la inversión total realizada en la instalación de puntos de recarga.
A pesar de la movilización de estas ayudas, el Plan MOVES III está generando numerosas críticas desde numerosas entidades. El motivo más aducido es que no cumple con su objetivo principal, fomentar la electrificación del transporte en España, debido a varios defectos que frenan su eficacia y generan mucho descontento.
En este sentido, Enrique Alía, CEO y fundador de Cargatucoche, startup española especializada en la instalación de puntos de recarga, ha desvelado su preocupación por determinados problemas estructurales, “que consideran insalvables”.
En primer lugar, Alía menciona los largos tiempos de espera en la gestión de los trámites. Los tiempos desde la apertura de un expediente hasta que el cliente recibe el incentivo oscilan entre 12 y 18 meses. “Esto plantea un problema significativo, ya que los beneficiarios deben esperar demasiado tiempo para obtener la ayuda, lo que reduce el impacto real del incentivo en la compra de vehículos eléctricos”.
En segundo lugar, la complejidad de la documentación, que además varía de manera significativa de una comunidad autónoma a otra. “Esto genera confusión y complicaciones tanto para las empresas como para los clientes”. Desde Cargatucoche destacan la necesidad de simplificar y estandarizar los requisitos para agilizar el proceso.
Además, los beneficiarios finales deben computar la ayuda en su declaración de la renta, y esta no es compatible con otras subvenciones para puntos de recarga. Aunque el Plan MOVES III proporciona un 70 % de ayuda para personas físicas, “la necesidad de declarar un porcentaje de esa cifra reduce considerablemente el beneficio real para los usuarios”, subraya.
Por último, los costes y tensiones para las empresas. En el caso de Cargatucoche, estos condicionantes le obligan a destinar recursos importantes, incluyendo la creación de departamentos dedicados exclusivamente a gestionar las solicitudes del Plan MOVES III. Los tiempos de gestión por parte de las Comunidades Autónomas generan tensiones con los clientes y afectan la experiencia del usuario.
Automatizar el proceso de tramitación
Ante esta situación, Enrique Alía ha expresado que, para su compañía, “el plan MOVES III tiene fallos de estructura muy importantes que hacen que no sea eficiente. Para las empresas es un auténtico problema por la carga de trabajo que genera y para el cliente supone un proceso muy incómodo y que conlleva demasiado tiempo hasta recibir la ayuda”.
El fundador de Cargatucoche ha explicado que en su empresa no externalizan el trámite, sino que lo gestionan de forma interna. “Es importante porque así nos aseguramos de que nuestros clientes reciben el incentivo y no depende de terceras partes. Actualmente, tenemos casi 4.000 expedientes entre tramitados y en proceso de tramitación en las diferentes Comunidades Autónomas. Gracias a que hemos podido automatizar gran parte del proceso con nuestra tecnología. Hasta julio de 2024 prevemos que lleguen 1.000 más”.
Para hacer frente a las solicitudes, en Cargatucoche han creado un departamento con cuatro personas dedicadas específicamente a gestionar las ayudas del plan MOVES. “Esto es un gran coste para una startup, ha añadido Alía. “Además, los tiempos en la gestión de los expedientes por parte de las Comunidades Autónomas nos genera mucha tensión con los clientes. Ellos no comprenden que se dilaten tanto en el tiempo y, al no comunicarse con MOVES en ningún momento, afecta directamente en nuestra experiencia de usuario”.