El Real Decreto-ley 29/2021 adopta medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica. Según explica Arturo Pérez de Lucia (AEDIVE), entre los ayuntamientos, se encuentran varias ciudades de más de 50.000 habitantes “que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligación”. En otros casos, el consistorio no tiene contemplado dicho trámite en su sede electrónica.
AEDIVE ha iniciado un expediente ante la Secretaría para la Unidad de Mercado (CNMC) en relación con la barrera al libre mercado que supone la negativa de admisión por parte de un centenar de ayuntamientos de la declaración responsable establecida en el Real Decreto-ley 29/2021 de medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, a fin de facilitar el despliegue de infraestructuras públicas a los operadores de recarga.
Así lo ha anunciado este martes la asociación en un comunicado, donde expresa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, “la patronal de la movilidad eléctrica ha iniciado este trámite para evitar actuaciones concretas de denuncia por parte de los operadores de recarga ante diversos ayuntamientos”.
AEDIVE: recopilación de datos
Según apuntan desde AEDIVE, se ha recabado información a los operadores de recarga sobre consistorios que no aceptan la declaración responsable para instalar la infraestructura de recarga pública.
De estos datos, destacan que hay más de 90 casos de ayuntamientos que no admiten dicho trámite y solicitan la diligencia de este permiso como una Licencia de Obras, “anulando una de las ventajas que el RDL 29/2021 ofrece a los operadores de recarga para acelerar el despliegue de puntos de recarga pública y solventar las barreras administrativas”.
Por comunidades autónomas, la que más municipios registra que no admiten la declaración responsable en la información requerida por AEDIVE a los operadores es Cataluña (24). Le siguen Aragón (9); Andalucía, Madrid y Valencia (con 8 municipios cada uno); y Castilla y León (7).
Otros municipios se reparten entre País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.
“Lo más sangrante es que, entre los ayuntamientos que no admiten la declaración responsable, se encuentran varias ciudades de más de 50.000 habitantes que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligación, pero que la desoyen. En otros casos, el consistorio no tiene contemplado dicho trámite en su sede electrónica”, ha manifestado al respecto Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.
