El objetivo es disuadir a aquellas empresas que, a pesar de las legislaciones española y europea, siguen retrasando sus pagos. Este régimen se aplica en el comercio minorista en España y en países de la Unión Europea como Francia.
La Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)
celebró ayer, 7 de noviembre, la segunda cumbre dedicada a este problema, a la que asistió una destacada representación
institucional, con el objetivo de promover un gran pacto político-empresarial
en intenciones y compromisos con fecha para reducir los plazos de pago en
España, en el que participaron Cristóbal
Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y Daniel Calleja, director general del
Área de Industria de la Comisión Europea, entre otros, junto a los portavoces de Economía de los grupos
parlamentarios.
El ministro, que se ha comprometido a que a finales de año
las Administraciones Públicas españolas dejarán de ser morosas, explicó que las
leyes de deuda comercial y de la factura
electrónica (ambas, en tramitación en el Senado) acabarán definitivamente
con la dilación pública de los plazos de pago. También será de vital
importancia, como resaltó Antoni Cañete,
presidente de la PMcM, en rueda de prensa en ese acto, la puesta en marcha
inminente del tercer y último Plan de
Pago a Proveedores de la Administración Pública para saldar su deuda
histórica.
Cañete desveló que para la Plataforma el incumplimiento de
la Ley contra la Morosidad afecta directamente a la viabilidad y la
competitividad de las empresas españolas frente a las de países de nuestro
entorno; citó el caso de Francia, cuyas empresas requieren una cuarta parte de
la financiación que precisan las empresas españolas. “Exigimos un régimen sancionador ya, y así se lo
hemos expresado al ministro Montoro y a los portavoces de Economía de los grupos
parlamentarios”, con el fin de disuadir a aquellas empresas que, a pesar de las
legislaciones española y europea, siguen retrasando sus pagos ilegalmente.
La Plataforma PMcM propone multas ejemplarizantes de hasta
900.000 euros, en caso de infracciones muy graves y reincidentes, a través de
un régimen sancionador “que se aplique de manera progresiva para asegurar su
total cumplimiento de la manera más eficaz”, precisó Cañete. “No se puede
permitir posiciones de poder y abuso entre cliente y proveedor”, de ahí el
cambio legislativo aprobado el pasado mes de julio de la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 228), que impide
pactar plazos de pago superiores a los 60 días desde la fecha de aprobación por
el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el
suministrador.
Según datos de la PMcM comentados por Antoni Cañete, se
estima que la morosidad y el aplazamiento abusivo de los plazos de pago han
causado el cierre de la tercera parte de las 500.000 empresas que han
desaparecido desde el inicio de la crisis. Por ello, “queremos crear un sistema similar
al que existe en el comercio minorista, en el que si no se paga en plazos
legales uno puede ser denunciado y sancionado”, señaló. También se instó a la Administración a crear el Observatorio de la Morosidad, contemplado en la Ley 15/2010, “algo fundamental para poder monitorizar lo que está pasando en este ámbito”, resaltó Cañete.
