Las entidades PIMEC, PMcM y Plataforma Pymes han presentado un manifiesto conjunto en el que reclaman a la Administración medidas para mejorar la situación de las pymes dentro de la contratación pública, con vistas a asegurar la cadena de pagos y garantizar la demanda.
Los problemas de las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo de las firmas subcontratistas, se han agravado tanto por la paralización de la actividad derivada de la pandemia, como por las medidas preventivas que Administraciones Públicas y empresas contratistas están tomando. Este es uno de los aspectos más candentes que han puesto sobre la mesa las entidades PIMEC, PMcM y Plataforma Pymes en el manifiesto conjunto “La contratación pública ante la situación post COVID”, que se presentó en una rueda de prensa telemática el 27 de julio.
Las consecuencias son retrasos y anulaciones de los pagos, el incremento del nivel de morosidad y la permanencia de una bolsa de deuda acumulada. “Esto provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO, con el consiguiente incremento de los costes, para cubrir las facturas no cobradas“, subrayó Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), una paradoja absurda que evidencia el grave problema de España, donde la contratación pública representa el 18 % del PIB, un motor de importancia vital para la actividad económica del país.
Por ello, Cañete señaló en el encuentro virtual que las Administraciones Públicas “deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago”. Y añadió que los gobiernos “deben obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal”.
Crisis de liquidez y crisis de demanda
A los problemas habituales relacionados con la contratación pública (lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas…), ahora se ha sumado la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas. El manifiesto presentado por estas entidades, que representan a más de 3,3 millones de empresas y autónomos, pide que las Administraciones hacer frente a tres grandes retos con urgencia:
- Garantizar los flujos de caja y de cobro, lo que significa “asegurar los circuitos de pago”.
- Garantizar la demanda, esto es, “mantener las cadenas de contratación pública”.
- Afrontar, tajantemente, la “división de los contratos en lotes”, ya sean sectoriales o por volumen.
El presidente de la PMcM puso de relieve que estas reclamaciones están contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en marzo de 2018, “pero que todavía no se han implementado, por lo que ahora sus efectos son peores”.
Por ello, es perentoria la actuación de las administraciones públicas en este ámbito, ya que la crisis de liquidez vendrá seguida de una crisis económica de magnitudes inciertas derivada también de una crisis de demanda. Antoni Cañete manifestó que se prevé una disminución del 52 % en licitaciones y concursos públicos al final del año, lo que supone un frenazo a la actividad.
En este sentido, facilitar la liquidez es clave, por lo que es incomprensible es que los circuitos de pago se rompan precisamente por parte de las Administraciones”, resaltó Cañete, ya que los plazos de pago se están incrementando y con esta situación “muchas empresas se verían abocadas al cierre”.
División por lotes más pequeños
Asimismo, Josep Tres, vicepresidente de Plataforma Pymes, detalló que la caída de la demanda del sector privado “afectará severamente a muchas pymes”, las más perjudicadas, y considera necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por estas empresas. En este sentido, ha afirmado que esto es posible dividiendo los contratos en lotes: por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato.
Josep Tres refirió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que el 60 % de las adjudicaciones públicas se destinen a pymes, pero España se encuentra por debajo de la media europea con un 39 % de contratos públicos para las pequeñas y medianas empresas.
Además, recalcó que la división por lotes supone que un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta, es decir, una mayor competencia: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la Administración obtenga mejores condiciones para la ejecución del contrato. Y concluyó diciendo que “es importante que la fórmula de valoración económica no excluya de por sí la valoración adecuada del informe técnico”, ya que la legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de adjudicaciones.
Régimen sancionador
Cañete comentó asimismo que si Administraciones públicas pagaran las facturas pendientes de pago se inyectarían más de 14.000 millones de euros de liquidez. Por ello, destacó la necesidad urgente de un régimen sancionador y recordó la convalidación en el Pleno del Congreso, el pasado 21 de julio, de la propuesta de régimen sancionador —que multa a las empresas morosas— que había realizado la PMcM durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica a principios de junio.
Preguntado por esta redacción, destacó el compromiso de los grupos parlamentarios en este tema y confirmó que “sí que puede ser posible contar con un régimen sancionador antes de final del año”.
