Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas del sector privado registraron un plazo medio de pago a proveedores de 77 días en 2017, mientras que en el sector público se ha reducido por cuarto año consecutivo (ahora es de 65 días).
Las empresas del sector privado mantienen un plazo medio de pago a proveedores de 77 días en 2017, mientras que en el ámbito público se ha reducido por cuarto año consecutivo (ha pasado de 71 a 65 días), si bien en ambos casos quedan lejos los 60 y 30 días que establece la ley, respectivamente, de acuerdo con el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2017” elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
“Estamos seguros de que, de aprobarse e implementarse correctamente el régimen sancionador, el año que viene los plazos medios de pago de las empresas se reducirán notablemente por la puesta en marcha de las nuevas leyes y del régimen sancionador que incluye una de ellas”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM.
Según el estudio de la Plataforma, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, en 2017 el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.
La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí que al propio desconocimiento, porque el 71% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, “después de ocho años, no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozca”, añade Cañete.
De acuerdo con el Informe 2017 de la PMcM, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,4%, lo que significó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.
Nuevo marco legislativo
Casi la totalidad de los encuestados (92%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador, medida contemplada en la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, cuya aprobación en el Congreso está prevista para el primer semestre de este año. La instauración de este sistema de multas en el sector privado “es la pieza clave que falta para acabar de una vez por todas con la lacra de la morosidad”, señala el presidente de la PMcM.
Precisamente, de la puesta en marcha de este régimen sancionador “dependerá en parte el éxito de la Ley de Contratación Pública –que entró en vigor el pasado 9 de marzo–, al no contemplar ésta ningún sistema de multas. Contamos con el compromiso de todos los partidos políticos para aprobar la nueva ley de sanciones y asegurar su eficacia”, asegura Cañete.
