Los principales afectados por la morosidad son pymes, microempresas y autónomos, a los que los altos índices de impagos suponen importantes problemas de liquidez.
“¿Cómo pagamos hoy en día?” es el título del informe elaborado
por Pere Brachfield, director del
Centro de Estudios de Morosología de la EAE Business School y director de Estudios de la PMcM, que revela que la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad
no ha conseguido frenar la problemática que implica las grandes tasas de impagos
en el sector público y privado español, resultando de escasa efectividad en la
realidad de las empresas. Además, los principales afectados por la morosidad
son pymes, microempresas y autónomos,
a los que los altos índices de morosidad suponen importantes problemas de
liquidez.
Este documento, que trata sobre la aplicación real de la citada
ley diez años después de su promulgación y en el que ha colaborado la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), realiza un análisis de la
legislación contra la morosidad en operaciones comerciales, y efectúa una
comparativa de los principales indicadores de España frente a la Unión Europea.
Asimismo, recoge la mayoría de las propuestas presentadas por la PMcM para
implantar la legislación contra la morosidad.
España cuenta con un ratio
de impagos sobre facturas vencidas
que duplica la media europea: 5,7%, frente al 2,85%, que provoca elevadas
pérdidas económicas a las empresas acreedoras. Además, el plazo medio de pago
de las operaciones B2B ha aumentado hasta los 95 días, por lo que casi duplica
la media europea, fijada en 47 días.
El informe del profesor Brachfield muestra que los principales
motivos de riesgo de impago para el tejido empresarial son los elevados plazos de pago, que causan a las empresas altos costes
de orden financiero para sostener su tesorería; el importe de las cuentas de clientes por cobrar en los balances de
las empresas españolas, que es más del doble del de las de UE; o los costes financieros que deben afrontar
las empresas españolas para financiar sus cuentas de clientes, una de las
causas por las cuales las empresas españolas son menos competitivas en un
mercado global, ya que por ejemplo triplican los costes respecto a las compañías
del norte de Europa.
El 83% de las empresas españolas evita acudir a los
tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la justicia, mientras
que el 60% opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así
reducir la deuda adquirida. Además, el 70% de los empresarios se ha visto
obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a
cobrar a plazos superiores a los 60 días, que marca la ley.
Lo que queda presente es que no podemos esperar a una reforma anti morosidad para evitar un problema que ha existido siempre y que en España alcanza mayores tasas que en cualquier otro país de la comunidad europea. Los departamentos administrativos y contables de las empresas tienen la plena responsabilidad, como otra competencia más, de fijar las políticas de cobro necesarias y adaptadas a cada cliente para minimizar al máximo el riesgo de impagos y de morosidad empresarial.