El impacto de la morosidad y los comportamientos de pago en la cadena de valor del sector de material eléctrico (como en otros segmentos industriales) está lastrando buena parte de la mejora de la actividad de muchas empresas. Hablamos de ello con Luis Collado, presidente de AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid), miembro también de la Junta Directiva de ADIME (asociación de distribuidores) y director general de la empresa distribuidora Covama Eléctrica.
Dentro de AECIM se engloban actividades profesionales como las empresas instaladoras (instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, etc.), compañías de montajes y mantenimientos industriales y distribuidores mayoristas de estos sectores.
De acuerdo con los últimos datos, el plazo medio para abonar las facturas se situó en 94 días en el ámbito privado y en 79 días en el sector público.
Hay que recordar que a finales de septiembre del pasado año se presentó la actualización del Observatorio de la Morosidad impulsado por CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa), así como la Comisión de la Morosidad, que preside Luis Collado, con el fin de llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la evolución del pago tardío y también con el objetivo de intervenir en el desarrollo del Reglamento Sancionador.
En calidad de presidente de este Observatorio, ¿qué tareas de control y seguimiento está llevando a cabo el Observatorio, y qué resultados ha obtenido tras estos meses?
Dentro de la Comisión de la Morosidad de CEPYME, que existe desde hace varios años, se ha creado este observatorio con el único objetivo de la mejora de cobro de las pymes españolas. Para ello, contamos con la colaboración de la consultora AFI para los estudios de información y su difusión sobre todas las situaciones perjudiciales para la salud de tesorería de las pequeñas y medianas empresas, y también para la elaboración y desarrollo de las enmiendas al reglamento sancionador.
Asimismo, en esta Comisión colabora el departamento jurídico de CEPYME, representado por Miguel Canales, responsable de Formación y PRL, desarrollando el análisis interno y el seguimiento del Reglamento Sancionador y de cualquier otro asunto que perjudique la solución de la morosidad. Y también, lógicamente, el equipo de comunicación de CEPYME, para que todos los avances que se vayan consiguiendo lleguen en tiempo y forma a las pymes españolas.
En cuanto a los avances, además de la formación de la estructura, con los medios mencionados anteriormente, ya tenemos un primer avance de los puntos perjudiciales para las pymes en el citado reglamento, así como la elaboración de un decálogo que marca, de manera clara y rotunda, el camino decidido para la consecución del único objetivo: “la solución de los problemas de cobro de nuestras pymes”.
Tras las últimas reformas de la Ley contra la Morosidad, que data de 2010, se podría decir que estamos ahora peor que hace diez años, en especial las empresas de sectores auxiliares de la construcción (instaladores, distribución profesional, suministradores), que pagan antes y cobran más tarde. ¿Cuáles serían las medidas principales que se defiende desde la Comisión de la Morosidad de CEPYME para atajar el problema?
Efectivamente, como dices, las pymes estamos pagando a más corto plazo y cobrando a más largo que en 2010, lo que pone de manifiesto que hemos perdido más de diez años en este objetivo.
Las medidas más importantes que tenemos como objetivo son la reducción de los plazos de cobro y la garantía de que estos cobros sean totales. Nos perjudican de manera importante las dos realidades, pues no podemos olvidar que 2021 se cerró con más de 5.500 concursos de acreedores, y otras miles de empresas cerraron su actividad con el sistema conocido coloquialmente como “persianazo”; muchos de ambos casos fueron provocados por los impagados.
Además, en el periodo 2020-2022 han cesado su actividad más de 53.000 empresas en España, han cerrado 132.000 empresas y se han recuperado 79.000 empresas. Son cifras que asustan y que, lógicamente, reducen la posibilidad de generar empleo a medio plazo.
En la actualidad se halla en tramitación en el Congreso la proposición de ley que regula el régimen sancionador contra la morosidad; el plazo para la incorporación de enmiendas en el Parlamento acaba el 30 de marzo. ¿Qué recomendaciones va a aportar CEPYME para que el régimen sancionador sea eficaz y no sea nocivo para las pymes y autónomos, los grandes perjudicados en la cadena de pago?
Como he comentado previamente, ya estamos preparando las alegaciones que consideramos perjudiciales para la salud financiera de las pymes, tales como un calendario de aplicación por dimensión o tamaño de las empresas, y por la Administración Pública, etc.; es decir, primero tienen que cumplir la ley las grandes empresas y la Administración, ya que la simultaneidad del cumplimiento perjudica claramente a las pymes.
Por favor, pinche en el siguiente enlace para leer la entrevista completa de Luis Collado, y para acceder a todos los contenidos del número 61 de Cuadernos de Material Eléctrico.
También puede consultar la revista en la Plataforma Magzter.
