El texto persigue "simplificar los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, así como actualizar el régimen de responsabilidades y sanciones aplicable en este ámbito", trasladan desde el gobierno regional.
La Comunidad de Madrid ha aprobado un nuevo Decreto que actualiza y simplifica la tramitación de las instalaciones eléctricas de alta tensión, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y adaptarlos a las necesidades actuales del sector energético.
Así lo ha anunciado a través de un comunicado en el que indica que el nuevo texto sustituye a la normativa vigente desde 2010 y permitirá acortar en hasta dos años la tramitación de proyectos de infraestructuras críticas. Entre estas, destacan subestaciones de transformación esenciales para el suministro eléctrico de colegios, hospitales y centros de procesamiento de datos (CPD).
Nueva normativa que “agiliza la tramitación”
Con esta nueva regulación autonómica, la Comunidad de Madrid busca mejorar la garantía de suministro y optimizar el uso de la infraestructura existente, incrementando del 70 % al 85 % la capacidad de acceso de los transformadores en las subestaciones.
Un ajuste alineado con el marco estatal recientemente definido y que liberará capacidad adicional, facilitando a su vez la conexión de nuevos proyectos energéticos en la región, especialmente en entornos donde la demanda de alta tensión es creciente. “Con esta medida, el Gobierno autonómico agiliza la tramitación y aplica con rapidez los nuevos criterios para acelerar el desarrollo energético en Madrid”, aseguran.
Concretamente, el Decreto reorganiza los procedimientos de tramitación en cinco grupos, manteniendo la estructura tradicional pero incorporando importantes simplificaciones. Con ello, según trasladan, más del 20 % de los expedientes que actualmente requieren autorización o comunicación se beneficiarán de una gestión más ágil, reduciendo significativamente los tiempos administrativos.
Asimismo, la norma refuerza los mecanismos de restauración ambiental de los terrenos donde se ubiquen instalaciones de generación o almacenamiento sobre suelo rústico. Para ello, “se establece la obligación de presentar una garantía económica destinada al desmantelamiento y adecuación del terreno al final de la vida útil de la infraestructura, contribuyendo a la sostenibilidad y protección del territorio”, finalizan.
