La Comunidad de Madrid, ha presentado alegaciones al Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de procesamiento de datos (CPDs), al considerar que el marco normativo puede poner en jaque la competitividad del sector.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanzó el pasado mes de agosto a audiencia e información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de procesamiento de datos (CPDs), con un plazo de observaciones que finalizó este 15 de septiembre. Tal y como había adelantado la Comunidad de Madrid, ha presentado alegaciones al proyecto, al considerar que este nuevo marco normativo puede poner en jaque la competitividad del sector en la región frente a otros destinos europeos.
“Evitar una posible sobrerregulación”
Según explican desde la CAM, el texto que busca regular la eficiencia energética y la sostenibilidad de los data centers supone un riesgo para esta industria, que puede verse afectada por la excesiva regulación: “El Ejecutivo autonómico pretende evitar una posible sobrerregulación que afecte a la competitividad del sector en la región con respecto a otras zonas europeas”, explican a través de un comunicado.
La Comunidad de Madrid concentra, actualmente, 46 infraestructuras (35 en funcionamiento y 11 en construcción) y el 54,8 % de la capacidad instalada en el país, muy por delante de Aragón (30 %) y Cataluña (12 %). Según el Ejecutivo regional, el mencionado real decreto pondría afectar al liderazgo de Madrid -y de España- en esta industria estratégica.
El artículo 7 del Real Decreto sobre centros de datos
Tras un análisis del texto propuesto realizado por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, la Comunidad de Madrid “alerta de los riesgos que puede suponer para el futuro de esta industria estratégica la entrada en vigor del nuevo marco normativo”.
Según explican, el texto introduce obligaciones que van más allá de lo exigido por la Unión Europea en su Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado, ampliando indicadores socioeconómicos, territoriales o de tráfico de datos que no están relacionados con la eficiencia energética.
Asimismo, señalan el artículo 7 como uno de los puntos más controvertidos: “Condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de unos compromisos ambientales que no existe en ningún otro país de la UE”, trasladan. Una exigencia que desde el Ejecutivo autonómico consideran desproporcionada y que colocaría al país en una posición de desventaja frente a otros destinos europeos más ágiles y con menos trabas burocráticas.
Además, la disposición transitoria del proyecto extiende estos requisitos a proyectos ya en tramitación, “lo que podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica”.
La eficiencia energética, “un eje prioritario”
A pesar de sus alegaciones, la Comunidad de Madrid defiende que la eficiencia energética debe ser “un eje prioritario”, pero sin medidas que frenen la inversión o la innovación. También recuerda que el sector de los centros de datos es clave para la economía digital y la transición energética, al aportar flexibilidad a la red y facilitar la integración con energías renovables y sistemas de almacenamiento.
El potencial económico es elevado: se estima que España podría atraer más de 58.000 millones de euros en inversión hasta 2030, de los que una parte significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid. “Una regulación excesivamente rígida podría reducir esa cifra a apenas 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico de todo el país”, concluyen.
