El pasado 11 de abril se acabó el plazo establecido para adaptar cientos de instalaciones de autoconsumo en España, que han pasado a una suerte de ilegalidad ya que el Real Decreto 900/2015 estipula que “el que no se haya adaptado a la misma será declarado ilegal y podrá sufrir multas de entre 6 y 60 millones de euros”. Ante esta “situación de indefensión” que han denunciado varias organizaciones, la cuestión es conocer cuál es el estado real de las cosas.
José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), explica que las instalaciones que no se adapten pueden ser sancionadas con arreglo a lo que establece la normativa del RD900 y la ley 24/13. “No obstante, la realidad es que a día de hoy todavía no se ha sancionado a nadie”.
La multa máxima son 60 millones de euros. “Sin embargo, existe el principio de proporcionalidad, de forma que la multa sería muchísimo menor. En cualquier caso, se debe destacar que, en términos relativos, es mayor la sanción que se impone a un autoconsumidor que no legaliza su instalación que la que, por ejemplo, puede sufrir alguien que haga un vertido tóxico de residuos nucleares. Eso es lo realmente doloso y desproporcionado”, resalta Donoso.
Incógnita ante las elecciones 26-J
El sector vive un periodo de impasse desde las elecciones del 20-D y los cinco meses siguientes que van a desembocar en unos nuevos comicios el próximo 26 de junio. En este sentido, todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de la reforma del citado Real Decreto, excepto el Partido Popular (PP). Según parece a través de las distintas encuestas de opinión de voto, el 26 de junio volverá a dejar un arco parlamentario sin mayorías absolutas, de forma que la gobernabilidad del país estará sujeta a la adopción de pactos.
Por su parte, Jesús Román, secretario general de FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones), comenta a la redacción que, desde el primer análisis de esta norma, “hemos considerado no adecuado que se derogue el Real Decreto actual y sí que hemos promovido una serie de modificaciones. Según nuestro punto de vista, una derogación implicaría otra vez la ausencia de normativa y volver a entrar en un limbo que dificulta de una forma significativa cualquier inversión en este sentido. Independientemente del resultado de las próximas elecciones, desde FENIE proponemos un modelo de autoconsumo responsable y con una estructura de cargos ajustada a las necesidades reales de la red eléctrica”.
Puede ver el reportaje completo en el número 23 de Cuadernos de Material Eléctrico. También se puede leer en el ordenador, o descargar en el smartphone o tablet, pulsando aquí.
