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Desconocimiento e incertidumbre definen el mercado de las auditorías energéticas

El 5 de diciembre de 2015 es una fecha importante marcada en el calendario del sector debido a que la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética establece una serie de obligaciones en lo relativo a la realización de auditorías energéticas. Ese día es la fecha límite en la que se cumple el plazo para que las empresas no pymes (más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 50 millones) hayan realizado una auditoría energética o tengan implantado un Sistema de Gestión Energética. Quedan fuera de esta iniciativa las empresas catalogadas como pymes o micropymes.

Como han señalado desde la asociación A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética), el retraso de más 16 meses en la transposición de la Directiva está creando mucha confusión en el sector y generando muchas incertidumbres. Para aportar algo más de claridad en la evolución de este sector, hemos recabado el punto de vista de varias entidades.

Elena González, gerente de ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos), recuerda que para estas grandes empresas, con más de 250 empleados y un volumen de negocio mayor de 50 millones de euros), “será obligatorio que se sometan a una auditoría energética y que, además, repitan el proceso cada cuatro años”; para que esta regulación tenga efecto, “debe ser transpuesta a la legislación española y este punto aún está pendiente”.

Por su parte, AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía), añade que “uno de los aspectos importantes para la realización de las auditorías es la figura del Auditor Energético que, como requisito técnico, deberá tener la cualificación profesional correspondiente; no obstante, no se sabe todavía quién tendrá el certificado de auditor”.

Antonio López-Nava, gerente de A3e, revela que esa obligación para las empresas todavía no es efectiva. “Paradójicamente, el Gobierno español sí que ha publicado las sanciones por incumplir los plazos, que alcanzan los 60.000 euros. Esta incertidumbre está creando un creciente malestar en las grandes empresas, que no saben a qué atenerse”, resalta.

FENAGE (Federación Nacional de Gestores Energéticos) coincide con lo expuesto anteriormente, ya que en el plano operativo real, “a fecha de hoy todavía no existe un procedimiento claro sobre las actuaciones a realizar”, detalla Luis Mª Sánchez, responsable de Asesoría Técnica. Exponen que el objetivo que busca la Directiva y, lógicamente, sus transposiciones cuando sean efectivas, es la reducción de la demanda energética y la reducción de las emisiones de C02, “lo que llevará a una mejora de la competitividad de las empresas obligadas a la realización de la misma y a mover el mercado de las empresas afines al sector energético”. Las empresas estarán obligadas a cumplir con las exigencias o recomendaciones de los profesionales y hacer efectivos sus compromisos de ahorro y eficiencia.

Volumen de negocio de las auditorías energéticas

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha estimado que unas 3.800 empresas en España tendrán que realizar auditorías energéticas, lo que supone un volumen de mercado aproximado de 158 millones de euros. En ese sentido, ANESE sostiene que estas cifras son difíciles de valorar, “porque realmente todavía no se ha transpuesto la Directiva y, por tanto, no sabemos el alcance real de las medidas”.

Puede ver el reportaje completo en el número 20 de Cuadernos de Material Eléctrico, o visualizarlo online hacienco clic aquí.

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