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Pere Brachfield, director de Estudios de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

“El régimen sancionador podría ver la luz a principios de 2015”

Por C de Comunicación
Pere Brachfield, representante de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), explica el complicado galimatías en que se ha convertido la legislación que se aplica a los plazos de pago en España, que superan sobradamente la media europea.

La morosidad y los plazos de pago abusivos constituyen una
de las lacras que menciona cualquier empresario del sector eléctrico (y de
cualquier otro segmento) para el normal funcionamiento de su actividad, un auténtico
lastre que deja a España como una anomalía dentro de Europa. De acuerdo con la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el organismo que más está
batallando para frenar este problema, este fenómeno ha provocado el cierre de
un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la
crisis.

Para analizar en detalle cómo se encuentra la situación de
los plazos de pago en nuestro país y las últimas acciones emprendidas por la
PMcM, hablamos con Pere Brachfield, director de Estudios de la Plataforma. En
el pasado mes de mayo, este tema volvió a cobrar actualidad porque el Congreso de
los Diputados rechazó, con los votos en contra del Partido Popular, la creación
de un régimen sancionador para las empresas que no cumplan los plazos de pago
marcados por la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las
Operaciones Comerciales.

La iniciativa legislativa estaba impulsada por CiU, con el
apoyo de la Plataforma, y plantea multas de hasta 900.000 euros para las faltas
muy graves y cierres temporales de un año a las empresas que acumulen tres
infracciones graves.

Régimen sancionador y
motivaciones políticas

Tras esta votación, el ministro Cristóbal Montoro se reunió
con representantes de la Plataforma, encuentro que se saldó con la creación de
una Comisión Técnica formada por personal del Ministerio de Hacienda y técnicos
de la PMcM, que se ha planteado como uno de sus objetivos principales la
creación de un régimen sancionador. De este modo, el pasado día 18 de julio, el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió en el Palacio de la Moncloa al
Presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Sobre el tema de la morosidad en general
y del régimen sancionador en particular, Rajoy mostró un apoyo total a la normalización
de los pagos en el ámbito privado promovida por la PMcM, especialmente al
conocer los plazos medios de pago de las grandes empresas.

Pere Brachfield pone también en valor que el ministro
Cristóbal Montoro mantiene un compromiso personal para dar luz verde a un
régimen sancionador, que puso de manifiesto en la II Cumbre Empresarial
celebrada en Madrid en noviembre de 2013. “Creemos que partir de septiembre se
reanudará la tramitación de este régimen, en un procedimiento que se presume
largo, ya que primero se elevará al Consejo de Ministros, posteriormente se
debatirá en el Parlamento y recorrerá los trámites antes de su aprobación”.

“En mi opinión personal, el rechazo por parte del PP a la
creación de un régimen sancionador, que se votó en el Congreso de los Diputados
el pasado 13 de mayo, responde a motivaciones políticas. Se trataba de una
medida que estaba impulsada por CiU, y en plena vorágine de las elecciones al
Parlamento Europeo, el PP consideró que el grupo catalán podría apuntarse una
medalla de cara a los comicios como paladín de los intereses de pymes y
autónomos”.

Ahora bien, una vez pasadas las elecciones europeas, Brachfield
considera que, al retomar esta acción el PP el protagonismo recae en el partido
del Gobierno, “ya que además es una medida coherente con su programa electoral
–que me he leído–, que contiene reiteradas promesas de luchar contra la
morosidad y favorecer la situación de las pymes”.

Según sus cálculos, hasta principios de 2015 no se habrá
definido y aprobado el régimen sancionador, siempre en función de la duración
de los trámites parlamentarios, “si bien lo que sí apreciamos es que este
asunto no es una prioridad del Gobierno. Además, existen lobbies muy poderosos que están presionando en contra, ya que una
legislación adecuada va directa a su línea de flotación, ya que estos plazos de
pago tan largos son su negocio”.

Entrevista completa en el número 11 de Cuadernos de Material Eléctrico.

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