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Antoni

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Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

La morosidad se agravará con dos nuevas normativas del Gobierno

El anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial y el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público abren la puerta a la posibilidad de superar los plazos de pago que marca la legislación.

La Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM)
denunció en una conferencia de prensa en Madrid, el pasado 27 de marzo, que dos
cambios legislativos impulsados por el Gobierno podrían significar “un
retroceso en la buena evolución que había seguido hasta el momento en materia
de morosidad”, resaltó Antoni Cañete, presidente de la Plataforma. Esta evolución se ha traducido en una mejora en el plazo medio de pago en 2013 frente al año anterior: de 93 a 85 días
en el sector privado y de 141 a 111 días en el sector público, aunque todavía
muy lejos de lo que marca la Ley 15/2010
(60 y 30 días, respectivamente).

Una de estas normas es el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente
dos de sus disposiciones, que permiten el pacto entre las empresas superando
los 60 días establecidos por ley, en los casos en los que la deuda o el crédito
se cedan a un tercero. De ponerse en marcha, se encarecerían los costes de las
pymes para cobrar en plazo, empeorando una vez más su situación financiera.

La otra modificación legislativa que pide la PMcM es la del
artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector
Público
, con el objetivo de que las Administraciones
Públicas
respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de
obra, tal y como marca la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las
Operaciones Comerciales, y acabar así con la posibilidad de que puedan alargar
los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes. En opinión de Antoni Cañete,
presidente de la Plataforma, “si no se rectifican estas normas sin duda
empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos
legales”.

Cañete volvió a reclamar un régimen sancionador como uno de
los elementos clave para acabar con esta lacra, como se recoge en la directiva
europea, pero choca que “el 68% de las empresas realizan contratos que
incumplen la ley en este ámbito”. Este régimen continúa en la actualidad su trámite parlamentario.

Francesc Acín,
vicepresidente de la PMcM, señaló que la polémica cláusula de “salvo acuerdo
entre las partes” es una puerta por la que se cuelan los posiciones de abuso de
las grandes compañías, que, además –denuncian en la Plataforma– cobran de las
Administraciones Públicas, pero posteriormente incumplen sus plazos de pago con
sus proveedores. 

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