A3e y CNI denuncian una Resolución del Ministerio de Hacienda que establece las tarifas que cobrará la empresa pública SEGIPSA por la realización de auditorías energéticas y certificaciones energéticas en edificios públicos.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
publicó en el BOE el pasado 19 de
noviembre una Resolución en virtud de la cual se fijan las tarifas oficiales
para la Certificación de la Eficiencia
Energética de los Edificios Públicos, por parte de la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA).
SEGIPSA está considerada medio propio instrumental y
servicio técnico de la Administración General del Estado (es
una empresa pública dependiente de la Dirección General del Patrimonio, dentro
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), y de los poderes adjudicadores dependientes de
ella, para la realización de cualesquiera trabajos o servicios que le sean encomendados
relativos al Patrimonio del Estado o en otros patrimonios públicos, así como para
la construcción y reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo.
La Resolución aprueba los precios con los que la
Administración va a contratar con SEGIPSA la realización de auditorías energéticas en los edificios
públicos (a la que estará obligada con la transposición de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia
Energética), y la realización de certificaciones
energéticas de edificios, a la que ya está obligada por el Real Decreto 235/2013. Los
trabajos de certificación energética que sean encomendados a SEGIPSA por parte
de la Administración General del Estado aplicarán unos baremos que oscilan, por
ejemplo, desde 184 euros (hasta 80 metros cuadrados de superficie), 633 euros
(de 250 a 500 metros cuadrados) o 2.287 (de 3.000 a 5.000 metros cuadrados),
según informa CNI (Confederación
Nacional de Instaladores).
Diversas asociaciones sectoriales denuncian la competencia
irregular que esta normativa produce. Según CNI, “esto ha puesto en evidencia
la tremenda desigualdad entre la lucha de precios originada en el mercado libre
de certificaciones energéticas donde se barajan precios muy por debajo de la realidad
que sólo se justifican mediante una mediocre actuación del técnico
(introducción de la mayoría de los datos en la modalidad de “por defecto”, cuya
consecuencia inmediata será la obtención de una calificación más baja de la que
sería en realidad), y la regulación de tarifas de exclusiva aplicación a
SEGIPSA, que con esta Resolución se fija para los edificios públicos.
Para A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética), es evidente
que la realización de estos trabajos no es o no debe ser objeto de “servicio
público” prestado por la Administración. “En España existen empresas y
profesionales sobradamente capacitados para realizar estas labores de una forma
rápida, profesional y eficiente. ¿Por qué se empeña la Administración en
suplantar al sector privado?”, se preguntan. Por otro lado, “fijar unos precios
en base a la superficie del edificio, para la realización de un servicio tan
variable como puede ser una auditoría energética, no tiene ningún sentido, y
pone de manifiesto que quienes la han realizado desconocen el verdadero alcance
de este servicio”.
A3e señala que esta resolución daña gravemente al sector
de empresas que representa y que prestan estos servicios, y además supone una
falta de coherencia con políticas de empleo y eficiencia. “La Administración se
quita un problema de encima a costa de penalizar un sector productivo, en lugar
de apoyarlo”.
