Catorce asociaciones, entre las que se encuentran UNEF y APPA, acusan a las compañías eléctricas de abogar en el seno de la Unión Europea por la adopción de medidas que no respetan el principio de seguridad jurídica.
Catorce asociaciones de energías
renovables, entre ellas UNEF y APPA, denuncian la campaña que las grandes eléctricas están realizando
en la Unión Europea y les acusan de presionarla para que abandone su apoyo y
rebaje los objetivos de renovables con el único fin de mantener sus beneficios
a costa de hundir al sector. Asimismo, critican una vez más que las eléctricas tradicionales en España
culpen a las primas de ser las causantes del déficit de tarifa.
Estas asociaciones denuncian igualmente que la reforma del
Gobierno no haya acometido una profunda reestructuración del ineficaz y falto
de competencia mercado eléctrico español.
Según los informes de la CNE, el 41% del déficit de tarifa proviene del llamado déficit ex ante, es decir, el
déficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a principios de año, pero que
los sucesivos gobiernos deciden no corregir para no sufrir desgaste político.
El 31% proviene de la desviación de precios del pool, el 5% de la desviación de costes extrapeninsulares y el 22%
del régimen especial, incluida la cogeneración. El hecho es que en el periodo
2000-2008 el déficit de tarifa fue 8.000 millones de euros mayor que las primas
a las renovables.
Las asociaciones que representan al sector renovable
lamentan que las grandes eléctricas quieran solucionar el problema del déficit
de tarifa eliminando únicamente ciertos costes que afectan por entero al sector
renovable, especialmente a las tecnologías
solares, y que aboguen en el seno de la Unión Europea por la adopción de
medidas que no respetan el principio de seguridad jurídica, como pedir la
semana pasada “detener o reducir drásticamente” las retribuciones a las
renovables. Asimismo, consideran inaceptable que un directivo de una empresa
eléctrica, que precisamente lleva años percibiendo primas renovables, cuestione
que se mantenga en España la apuesta por determinadas tecnologías renovables e
insinúe que si se suspendiera la producción de energía con alguna de ellas la
luz bajaría. Más increíble es que el sector tradicional cuestione con esta
propuesta la seguridad jurídica que tanto reclama cuando defiende sus
inversiones.
Según estas entidades, cualquier coste del sistema que
se dejara de pagar conllevaría evidentemente un ahorro en el recibo: por
ejemplo, se podrían suprimir los pagos por capacidad, que ya no son necesarios;
los costes extrapeninsulares, que
deberían trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la
interrumpibilidad, que también debería trasladarse a los PGE por ser una
política industrial, y que ha sido incrementado por el Gobierno entre 2008 y
2011 en un 117%, etc. También rebajaría la factura
de la electricidad el que las eléctricas hubieran devuelto los 3.400
millones de euros correspondientes a los costes de transición a la competencia
(CTC) cobrados de más, o que a la nuclear y a la gran hidráulica de régimen ordinario
(con una situación muy distinta a la minihidráulica),
tecnologías ya completamente amortizadas por la contribución de todos los
consumidores a los CTC y que perciben unos beneficios excesivos por su
participación en el mercado en condiciones ventajosas, les aplicaran la
rentabilidad razonable que se exige a
las renovables.
Si desde que se creó el déficit de tarifa se hubieran corregido
estas situaciones, el déficit no existiría y, por tanto, tampoco la partida
correspondiente a pagar la amortización e intereses del mismo, que fue de 3.182
millones de euros en 2012.
