Reyes Maroto se ha comprometido a que el Ejecutivo desarrolle un régimen sancionador contra la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
El plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público un 3 % y se aleja cada vez más de lo que establece la ley. Es una de las principales conclusiones publicadas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019’.
En el documento, que se acaba de hacer público y que se ha elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a organizaciones asociadas y ajenas a la PMcM, se denuncia precisamente el empeoramiento de los plazos de pago del sector público y el aumento de los impagados.
Por ello, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, ha recordado la urgencia de que se ponga en marcha un régimen sancionador, algo con lo que el 93 % de los encuestados está de acuerdo. Y es que, hay datos demoledores, porque la morosidad “ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, asegura Cañete.
La ley contra la morosidad, bloqueada
En el informe de la PMcM hay datos que se consideran “preocupantes” por la repercusión que tienen en los afectados. En algunos casos, como la aparente pasividad frente a los morosos, la Plataforma sostiene que podrían deberse “más al miedo a perder al cliente y al sistema de reclamación en sí, que al desconocimiento de lo que contempla la ley”, porque el 61 % de los encuestados asegura conocer la legislación vigente.
Sin embargo, el presidente de la entidad destaca que “no deja de sorprender que un 39 % de las empresas aún la desconozca”. Cañete ha instado a los grupos políticos a que “se pongan manos a la obra, que ya tienen todo el trabajo hecho y el compromiso adquirido“, refiriéndose a la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que se presentó en mayo de 2017 y que quedó bloqueada en el Congreso a pesar de haber sido tomada en consideración por el Pleno de la Cámara por unanimidad.
El texto contemplaba multas de hasta 819.000 euros contra prácticas como retrasar en exceso los pagos. “Confiamos en que en breve empiece a tramitarse, ya que hay compromiso por parte de algunos partidos”, asegura Cañete. De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha comprometido, durante la sesión de control al Gobierno, a que el Ejecutivo desarrolle un régimen sancionador contra la morosidad comercial entre empresas, según ha publicado la agencia Efe.
Informe de la PMcM: los datos de la morosidad
- En 2019, el 65 % de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.
- El mismo porcentaje (65 %) confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.
- El plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3 %) —pasando de 68 a 70—, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley.
- En caso de sufrir impagos, el 86 % de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
- El ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 3,1 % frente al 2,9 % del año anterior.
- Para el 60 % de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).
- Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 35 % coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 46 % señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Sólo el 19 % de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
