La Comisión de la Competencia interpone ante el Alto Tribunal un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017 sobre la reordenación del Ministerio de Energía, que le arrebató diversas funciones tales como la fijación de los peajes eléctricos.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anunció el pasado viernes 15 de diciembre que había interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El citado Real Decreto arrebataba diversas competencias en materia de fijación de precios del sector eléctrico a la CNMC, entre otras, que correspondían hasta el momento a este organismo y que pasaban a estar en manos del Ministerio. Las inspecciones y liquidaciones del sector eléctrico (que incluye el apartado de renovables), la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones pasaron, con la excusa de cambios en la estructura del Ministerio de Energía, de ser realizadas por la CNMC a estar bajo el ámbito del departamento que dirige el ministro Álvaro Nadal.
Más en concreto, en el caso del artículo 3 (3.1-d, 3.1-m, 3.1-ñ y 3.1-q), la CNMC recurre las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Energía sobre aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes (que sirven para establecer una parte del recibo de la luz), el análisis de precios energéticos; la inspección del cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones y el ejercicio de las facultades de control, inspección y sanción en materia energética, entre otros, tal como han resaltado desde la agencia Efe.
De este modo, sigue el enfrentamiento entre la CNMC y el Ministerio de Energía que ha llegado hasta Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra España –aún no resuelto–, debido a que la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico debe estar a cargo de un regulador independiente y no del Gobierno, tal como establece la Directiva Europea.
