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El Supremo anula la ventaja competitiva de las eléctricas frente a los instaladores

A instancias de la CNMC, el Alto Tribunal deroga el apartado 3 del artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, permitiendo así que empresas instaladoras independientes puedan competir con las mismas oportunidades en el mercado de las instalaciones eléctricas.

El Tribunal Supremo anula un apartado del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, que otorgaba una ventaja competitiva a las distribuidoras eléctricas frente a los instaladores de redes a raíz de un recurso interpuesto por la extinta CNC, actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el Alto Tribunal ha anulado el apartado 3 del artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, que establecía que el distribuidor de energía eléctrica debía presentar al cliente que solicita un nuevo suministro eléctrico o la ampliación del existente, el primer "presupuesto económico". Es decir, se concedía al distribuidor, bajo la forma de una obligación, que pudiera remitir al cliente potencial de una nueva extensión de red en el mercado liberalizado el primer presupuesto económico con los costes de ejecución de los trabajos contenidos en el pliego de condiciones técnicas.

"Esta situación generaba una ventaja para los distribuidores eléctricos, monopolistas regionales regulados, frente a las empresas de instaladores que ofrecen sus servicios en un mercado que está liberalizado", indica en un comunicado la CNMC. La presentación del primer presupuesto por parte del distribuidor también afectaba a los ciudadanos que veían limitadas sus posibilidades de elección en precios, variedad y rapidez, añade la Comisión.

La Sentencia confirma el daño para la competencia que se ha esgrimido desde hace tiempo en diversos expedientes sancionadores, sobre todo por abuso de posición de dominio de las distribuidoras eléctricas de grupos verticalmente integrados en los mercados conexos de instalaciones.

El Tribunal Supremo considera con esta sentencia que el Real Decreto impugnado "distorsiona las condiciones del mercado relevante afectado de prestación de servicios de instalaciones de extensión de red, en cuanto obstaculiza las oportunidades de acceso de los instaladores autorizados a este mercado" y también comporta una desventaja competitiva para los instaladores independientes que operan en el mercado, "que no tienen las mismas oportunidades de hacer llegar sus ofertas económicas sobre el coste de los trabajos a los potenciales clientes".

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