La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) denunció ante Miguel Arias Cañete que el Gobierno español está llevando a cabo una política energética por la que se pretende “privatizar” la generación eléctrica y entregar un recurso natural abundante en España a un reducido grupo de empresas. Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la entidad, se reunió el pasado 7 de abril en Madrid, con el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, en el edificio de la Representación de la Comisión Europea.
ANPIER planteó a Arias Cañete la exigencia de una cuota social del 20% del total de la potencia subastada renovable que el Gobierno aprobó en fechas recientes (3.000 MW), puesto que, además, la generación social del colectivo fotovoltaico ha demostrado su capacidad y solvencia técnica en la gestión de estos activos. En este sentido, Martínez-Aroca recordó al Comisario Europeo que el borrador de la nueva Directiva de Renovables apunta como esencial la democratización de la generación; dicho borrador establece, en su Artículo 22, la importancia de que grupos de personas físicas y pymes, ayuntamientos y municipios, lo que llama la “generación social” tengan garantizado por el Estado el derecho real a generar energía.
Además, la asociación critica que el reciente Real Decreto que sienta las bases de la subasta de 3.000 MW renovables, a través de una Orden Ministerial, “adelanta condiciones de acceso absolutamente alejadas del ciudadano y solo al alcance de grandes empresas”. El borrador de la Orden Ministerial que definirá las condiciones de adjudicación para la subasta de nueva potencia renovable ha establecido todas las cautelas necesarias para hacer inaccesible al ciudadano la posibilidad de adjudicarse ni un solo kW de los 3.000.000 que saldrán a subasta.
Martínez-Aroca trasladó a Arias Cañete que el Gobierno, al menos en el ámbito energético, evita el control parlamentario a través de Órdenes Ministeriales que establecen aspectos trascendentales. Esta asociación denuncia que los recortes retroactivos sufridos por las 62.000 familias españolas representadas en esta entidad, además de otros perjuicios, han logrado disuadir a cualquier otro colectivo de la población de plantearse inversiones en el sector fotovoltaico.
El representante de ANPIER resalta que “la fotovoltaica ofrece a España la gran oportunidad de progreso económico, social y territorial al que no debemos renunciar”. Supondría un importante reequilibrio que aliviará esfuerzos presupuestarios para atender a la población de territorios con elevadas tasas de desempleo estructural o en zonas que requieren reconversión, “y el coste de generación sería muy similar al que ofrezca una multinacional, que no dejará ni un céntimo en las zonas de producción”.
