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Informe sobre Morosidad 2016 de la Plataforma PMcM

Las grandes compañías siguen incurriendo en malas prácticas de pago

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha presentado en Madrid su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016”, que muestra la mejora en los plazos de pago, pero en el que se reclama ya un Observatorio de Morosidad en el sector privado.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha confirmado en un acto celebrado el pasado 1 de febrero en Madrid que, dentro del sector privado, “las empresas que incurren en malas prácticas de pago son, en su mayoría, las grandes compañías, por lo que la mejora de los plazos de pago que se vienen registrando estos últimos años corresponde sobre todo a la mejora del comportamiento de los plazos de pagos de las empresas de menor tamaño (pymes y autónomos)”, como detalló Antoni Cañete, su presidente.

Esta entidad presentó en este evento su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016”, del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores se redujo tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.

“Por tercer año consecutivo el sector público ofrece un mejor comportamiento que el privado”, aseguró el presidente de la PMcM, quien criticó que, después de siete años de la Ley 15/2010, no se haya creado ya un Observatorio de Morosidad en el sector privado. La entidad espera que esta iniciativa acabe llevándose a cabo puesto que el acuerdo de PP y Ciudadanos contempla su puesta en marcha. Además, casi la totalidad de las empresa encuestadas (93%) en este informe manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador.

Para Cañete, “la instauración de este sistema de multas en el sector privado es la clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y del país”. Esta medida –que implicaría sancionar económicamente a las empresas morosas– ha sido anunciada recientemente por Cristóbal Montoro, “poco después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya declarado que todos aquellos pactos para el plazo del pago que exceden del límite de 60 días resultan nulos por contravenir la Ley”, expone Cañete. Curiosamente, al 68% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, denuncia la PMcM.

La involución de la futura Ley de Contratos del Sector Público

En este acto, Antoni Cañete y Francesc Acín, vicepresidente de la Plataforma, alertaron del peligro de involución que supone la Ley de Contratos del Sector Público, que se halla en proceso de tramitación y cuyo plazo de enmiendas está fijado, de momento, para el 4 de febrero. La contratación de empresas y entidades públicas implica un volumen de negocio estimado de 180.000 millones de euros.

Entre otros aspectos, si se aprobara el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público tal y como está, “permitiría una ampliación sine die del tiempo de certificación y produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas”, insiste Cañete. Se pretender volver a instaurar al acuerdo entre las partes (entre contratista principal y subcontratista) y se confunden los plazos de pago con lo que son medios de pago, como el confirming, entre otros. Se volvería así a una situación de indefensión para las pymes, micropymes y autónomos en la contratación pública.

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