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Instantánea de la Asamblea Abierta de la Plataforma PMcM, celebrada el 1 de diciembre.
Instantánea de la Asamblea Abierta de la Plataforma PMcM, celebrada el 1 de diciembre.

La Cumbre contra la Morosidad de 2017 persigue aprobar un régimen sancionador

La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM) anunció el pasado 1 de diciembre, en su Asamblea Abierta, la convocatoria de la IV Cumbre Político – Empresarial para finales del primer trimestre del próximo año, con el fin de lograr un régimen sancionador.

La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM) celebró el pasado 1 de diciembre su Asamblea Abierta, acto durante el que se anunció que la IV Cumbre Político – Empresarial tendrá lugar a finales del primer trimestre de 2017, con el objetivo principal de “lograr la aprobación del Régimen Sancionador que establezca las sanciones para las empresas que incumplan los plazos de pago que marca la legislación vigente”, señalan desde AFME, miembro de esta organización, y que ejerce una de las vicepresidencias.

La información del evento se irá actualizando en la web de la PMcM. Los interesados en asistir, pueden ya realizar su inscripción gratuitamente a través de la dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

“La instauración de un régimen sancionador en el sector privado es la clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis se ha cobrado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido”, resalta Antoni Cañete, presidente de la Plataforma PMcM. Cañete pone de manifiesto que todos los grupos políticos incluyeron la propuesta del régimen sancionador en sus programas electorales, “y es por ello que esperamos contar en nuestra Cumbre con todos ellos y con la más alta representación por parte del Gobierno”.

Además, la PMcM está a la espera de recibir respuesta por parte de la Unión Europea sobre tres asuntos de vital importancia: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora, la metodología en el cálculo de los plazos de pago de las Administraciones Públicas y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad.

En este sentido, en breve, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá decidir si devuelve a 230.000 proveedores los 3.000 millones de euros a los que el Gobierno les exigió renunciar si querían cobrar mediante los planes de pago a proveedores puestos en marcha desde 2012.

Los Ayuntamientos triplican de media el plazo de pago legal

Por otro lado, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas (relativos a septiembre de 2016), destaca el nuevo incremento de la morosidad, con cifras muy superiores al plazo legal (30 días), que en el caso de los Ayuntamientos la triplican de media. Precisamente, los consistorios de capital de provincia que encabezan la lista de los mayores incrementos producidos son Jaén (112%), Lugo (81%) y Girona (57%).

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